Pro-Río exige a Medio Ambiente que paralice los pozos "ilegales" del Segura

La Comisión Pro- Río de Orihuela ha exigido al Ministerio de Medio Ambiente que paralice "de manera urgente" los pozos de los que "se está detrayendo agua ilegalmente" a lo largo de la cuenca del Segura. El portavoz de este colectivo, José Antonio Muñoz Grau, compareció ayer ante los medios de comunicación para solicitar al Ministerio que deponga su actitud de "colaboración con los imputados en la investigación sobre el robo de agua" que realiza la Fiscalía de Madrid y se manifieste a favor de aquellas acciones judiciales que buscan "esclarecer la verdad".

Pro-Río criticó la denuncia interpuesta por la Confederación Hidrográfica del Segura contra el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, después de que éste emitiera un informe en el que alertaba del cúmulo de irregularidades cometidas en torno a la cuenca del Segura y de la "caótica gestión de la CHS". Al parecer, ese informe fue filtrado desde la Fiscalía y en él se concluía que la Confederación habría mantenido una actitud de permisividad o inacción en la persecución de estos presuntos delitos que en determinados casos podría considerarse "prevaricación".

Denuncia contra el fiscal

Esta lectura no fue bien acogida por el presidente del organismo gestor de la cuenca del Segura, Juan Cánovas, quien elevó al fiscal general del Estado una denuncia contra el instructor de este procedimiento. Pro-Río entiende que la denuncia de Juan Cánovas es "escandalosa" ya que denota el "reiterado intento de esta institución de evadir la acción y el control de la justicia a la que nos debemos todos, especialmente si se gestionan los recursos del Estado". Asimismo, arremete contra el Ministerio de Medio Ambiente por "avalar este tipo de actuaciones poniendo los medios necesarios". Por ello, le exige que "se baje del carro de los imputados" y se distancie de los postulados de la Confederación.

El colectivo en defensa del Segura se ampara en la interpretación del propio abogado del Estado para calificar los actos de la CHS como "contrarios al ordenamiento jurídico" e instar al Ministerio de Medio Ambiente a clausurar todos los acuíferos que son objeto de investigación.

Muñoz Grau desmiente, por último, que el proceso iniciado en Madrid por el supuesto expolio de caudales en el río Segura se haya originado a raíz de una carta falsificada, ya que, según explica, se sustenta en una documentación prolija, que incluiría tanto pruebas oficiales aportadas por la guardia civil y la policía fluvial y forestal, como expedientes de la propia Confederación.

Juan Cánovas, por su parte, sostiene que la investigación de la Fiscalía parte de una denuncia falsa y asegura que es "rotundamente falso" que la Confederación permita las extracciones ilegales de agua.