Interior replantea sus tácticas de seguridad tras el atentado de Herrera

El Departamento de Interior, que dirige Javier Balza, planteó modificaciones de las medidas de seguridad de la Ertzaintza tras el atentado de ETA contra una patrulla del cuerpo en el puerto alavés de Herrera, el pasado 15 de septiembre, en el que resultó muerto uno de los etarras y heridos dos agentes.

La Dirección de Seguridad Ciudadana, que encabeza Jon Uriarte, realizó una propuesta de cambio de la instrucción del viceconsejero de Seguridad número 53, de abril de 2001, en la que se basan los ertzainas para adoptar las medidas de seguridad y autoprotección. Esta instrucción del viceconsejero Mikel Legarda fue expresamente citada como norma básica de actuación en materia de verificación de incidentes, artefactos explosivos, seguridad en centros policiales y otras tácticas de seguridad en el Acuerdo de Arkaute. Este pacto fue firmado por Interior con todos los sindicatos policiales en noviembre de 2001 tras el asesinato por ETA de dos ertzainas en Beasain.

El documento que planteaba la modificación de esa instrucción, fechado el 4 de noviembre pasado y al que ha tenido acceso este periódico, apunta, por ejemplo, la obligatoriedad de "notificación a la patrulla actuante del resultado de la comprobación de la llamada", así como "cualquier otra circunstancia de interés". Esto resulta de especial importancia tras el atentado de Herrera, donde los terroristas usaron un teléfono móvil para dar parte de un supuesto accidente como cebo para la emboscada. Tras el aviso, desconectaron el teléfono.

El centro de mando intentó reconfirmar el aviso llamando al teléfono que había quedado grabado, pero nadie contestó. Para entonces, la patrulla ya estaba de camino y no pudo ser informada de esa incidencia. Pese a todo, los agentes ya sospechaban algo y éso les salvó la vida al poder repeler los disparos.

La propuesta de modificación, que pretendía mejorar las condiciones de seguridad de los ertzainas y sus servicios, incrementa también las medidas ante posibles artefactos explosivos contra personas escoltadas. En lugar de que el escolta deba acudir "estacionando el vehículo y realizando una inspección de los alrededores por donde pueda circular el vip [protegido], intentado detectar objetos sospechosos de contener" explosivos, Interior quiere obligar al agente a hacer una "inspección minuciosa a pie de los alrededores" y a estacionar donde pueda "establecer las medidas de seguridad básicas" ante posibles artefactos.

Este tipo de medidas y tácticas de seguridad, junto a la que puedan plantear los sindicatos policiales, serán discutidos en la reunión que mantendrán mañana los responsables policiales y, en principio, las centrales ELA, Erne y CC OO. El objeto oficial de la cita es la "propuesta y aportaciones para la revisión de la instrucción 53 del viceconsejero de Seguridad. Deficiencias y oportunidades de mejora". La reunión estaba prevista para el pasado día 18 e Interior había invitado a los cinco sindicatos del cuerpo. En la segunda convocatoria fueron excluidos los dos menores: el Sipe y la UGT.

El coordinador del Sipe, Javier González Madariaga, remitió el pasado miércoles una carta a Balza en la que le pide explicaciones por no haber sido citados a una reunión a la que "legalmente" tiene derecho.