Sobre seguridad ciudadana

La memoria me lleva a aquellos guardias entrañables del Retiro madrileño, cuya función era simplemente eso, guardar. Con su escopeta de perdigones y su traje de pana marrón imponían el orden en su territorio de castaños, setos, praderas y bancos de madera. Convivían con los grises, de recuerdo menos grato, y con el verde de la Guardia Civil, y después con otros tonos igualmente sombríos, hasta la época de la transición, en la que la creación del Cuerpo Superior de Policía, la creación de las comisarías en ciudades de más de 20.000 habitantes, las nuevas competencias de la Guardia Civil y, sobre todo, una nueva realidad política y social dieron origen a la situación actual. Ahora, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya no son percibidos como elementos de represión, sino de colaboración. La Policía Municipal también participa de este nuevo concepto, y aunque lejos del concepto, y aunque lejos del utópico ideal de ciudad sin policías, el ciudadano actual conoce, asume y respeta las competencias de este cuerpo, auxiliar de lo judicial y nacional y garante del cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Hay que explicar cuáles serán las políticas de solidaridad con los que han sufrido los delitos

Los cuerpos de policía son eficientes, pero carecen de los medios suficientes

Actualmente, la Policía Municipal tiene buenos equipamientos, acceso a una formación especializada y trabaja en grupos coordinados por áreas de interés, con la consiguiente eficacia, que redunda en el buen servicio al ciudadano. Si a la historia le ponemos cifras, en Alcobendas, en los primeros años de la transición, teníamos 31 policías municipales, actualmente más de 150 y la plantilla en constante crecimiento. La Policía Nacional, en cambio, cuando se creó la comisaría de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, hace 25 años, tenía 134 agentes. Ahora tiene 134, es decir, no ha ampliado su plantilla. Y esta situación es generalizable a todo el territorio de la Comunidad de Madrid. La población, sin embargo, se ha triplicado y aumenta aún más en razón de la población activa. No olvidemos los puestos de trabajo, más de 42.000, y también el mayor nivel de renta de la zona y la existencia de urbanizaciones de lujo en ambos territorios municipales, que aumentan el riesgo real de delincuencia.

¿ Por qué, entonces, el Ministerio del Interior no ha aumentado esas plantillas? Ésa es la pregunta clave y la respuesta también aclarará algunas cosas al ciudadano preocupado por su seguridad: los Cuerpos de Seguridad son eficaces, de ello no hay duda, pero carecen de los medios suficientes.

Y aquí entramos en el debate de la seguridad y en tantos otros. Aquí entra en juego la política, la opción que el ciudadano elige con su voto. ¿Bajamos impuestos? Parece una buena oferta, pero, lógicamente, va después acompañada de un recorte inevitable en la prestación des servicios, poco a poco, pero ineludiblemente. Claro que para aquellos que puedan permitírselo siempre existe la opción privada, ése es un modelo.

Pero ¿cuál es el nuestro? ¿Qué pide un alcalde a las administraciones central y autonómica para garantizar la seguridad de sus vecinos? La respuesta es un estudio exhaustivo y claro de la situación de la delincuencia en la Comunidad de Madrid, consultando a los comisarios y responsables, y una verdadera cumbre en dos planos, técnico y político, donde se debata sobre medios, equipos y personas, reconociendo que estamos ante una situación de mayor delincuencia, producto del modelo de sociedad, y que, por tanto, el problema es estructural y no se puede atajar con propuestas poco o nada fundamentadas en la realidad.

¿Cuál es el papel que debe jugar la Comunidad de Madrid en el mantenimiento de la seguridad ciudadana en los pueblos y ciudades de nuestra región? El señor Gallardón, anterior presidente de esta Comunidad, se declaraba "irresponsable" en materia de seguridad, a pesar de que Madrid está 24 puntos por encima de la media nacional en cuanto a su tasa de delincuencia. La señora Aguirre, sin embargo, trata de abordar los graves problemas de seguridad ciudadana de nuestras ciudades poniendo 5.500 policías nuevos, en una propuesta irreflexiva que quiere ser la respuesta al clamor popular ante la situación de inseguridad y de desmantelamiento de los servicios públicos de policía. Lamentablemente, la Administración que gobierna no tiene capacidad para realizarlo, dado que no posee ni las competencias ni los servicios públicos para llevarlo a cabo.

Celebro que la Comunidad de Madrid decida implicarse de forma clara y contundente en la materia de seguridad ciudadana, pero las cosas hay que hacerlas bien. Las claves del fiasco de las Bescam [Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid] responden a errores estratégicos cometidos por la señora presidenta, que son, en su mayor parte, producto de la falta del necesario debate y posterior consenso que requieren los asuntos de seguridad ciudadana.

Además, un proyecto de tanta envergadura debe ser presentado y debatido en la Asamblea de Madrid. Por otra parte, los alcaldes, que serían los responsables de la ejecución de las pretensiones del proyecto, eran ajenos a los propósitos de esta iniciativa. Los acuerdos intergubernamentales entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos sólo se sustentaban en un documento firmado entre las partes, pudiendo ser revocado por cualquier incumplimiento del mismo, con la graves consecuencias que ello implicaba para los propios municipios.

Y por último, todos los sindicatos, tanto los profesionales de cada uno de los cuerpos policiales como los de clase, expresaron su rechazo a un proyecto que ahondaba en las diferencias y discriminación salarial entre los distintos servicios de policía.

Un proyecto de este calado y envergadura, y una implicación tan clara de la Comunidad de Madrid y sus ayuntamientos en asunto tan importante como es garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, requiere necesariamente de un amplio consenso entre las fuerzas políticas y sociales. Se debería sustentar en una norma con rango de ley, reflejado, incluso, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad. Debería haber existido un proyecto que se hubiera presentado a los alcaldes y responsables políticos de cada una de las corporaciones locales.

La seguridad ciudadana no son sólo los policías, aunque tengan un papel importante dentro de un sistema de seguridad. Un plan de mejora de la seguridad ciudadana debe de proponer un catálogo de políticas y programas de carácter transversal que aborden el fenómeno de la delincuencia y la inseguridad desde una óptica multidisciplinar. Hay que especificar qué política se seguirá para la prevención del fenómeno de la delincuencia, qué programas que analicen y den respuesta a situaciones de riesgo y de predelincuencia. Hay que atacar los orígenes de la inseguridad y no sus causas. También qué participación ciudadana se propone, ya que la implicación de la ciudadanía en este asunto, junto a la administración competente, es vital para el éxito del proyecto. Es necesario explicar también cuáles serán las políticas de solidaridad con quienes han sufrido los delitos, brindando el apoyo y reconocimiento a las personas que han sido víctimas de actos delictivos violentos.

Y, por supuesto, abordar la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan en un territorio, en este caso en el municipio, dando un papel más relevante al alcalde como coordinador de la acción policial.

Un planteamiento que contemple estas políticas y establezca de forma clara la cofinanciación y el apoyo presupuestario a los municipios será el mejor punto de partida para una política eficaz de seguridad ciudadana que solucione la preocupante situación de inseguridad que vivimos en nuestras ciudades, programa que, como alcalde, reclamo para los ciudadanos y que apoyaremos con todos los medios de que disponemos.

José Caballero Domínguez es alcalde de Alcobendas.