Una concejal socialista presidirá la comisión que investigará el 'caso Boulevard' en Vitoria

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria dio luz verde ayer a la creación de una comisión que investigue la venta, a los tres meses de inaugurarse, del centro comercial El Boulevard, cuya creación fue favorecida por integrar a un grupo de comerciales locales. Los partidos de la oposición, PNV, PSE, EA e IU, sumaron sus votos para que saliera adelante la iniciativa, a la que se opuso el PP, que gobierna en minoría. La concejal socialista María Ángeles Gutiérrez presidirá la comisión del caso Boulevard, que establecerá su calendario de trabajo la próxima semana.

El pleno anticipó las líneas del debate que se vivirá en la comisión: un PP a la defensiva, rechazando cualquier responsabilidad en la venta y reiterando que no hay nada "extraño" en la operación, y una oposición al ataque, asegurando que la Administración no ha defendido correctamente el interés público. En su opinión, el Ayuntamiento ha podido contribuir a promover un pelotazo urbanístico que dejará plusvalías estimadas en 30 millones de euros a los promotores privados del complejo comercial, el mayor del norte de España.

La integración del pequeño comercio local en el macrocentro fue el argumento que convenció al Ayuntamiento de Vitoria en el año 2000 para dar un trato de favor a sus promotores: Eroski (tiene el 35,7% de las acciones), una filial de la propia multinacional ING (34,43%) y un grupo de 90 minoristas locales reforzados con la Caja Vital (30%). El consistorio, dirigido por Alfonso Alonso, y con la única excepción de Batasuna, les adjudicó directamente, sin recurrir a la subasta pública, los terrenos del barrio de Zaramaga donde se asentaba una planta siderúgica de Sidenor.

Alarma social

Con los minoristas fuera de la propiedad y gestión del complejo (sólo parte de ellos tienen tiendas en régimen de alquiler en el recinto), los partidos de la oposición consideran que el espíritu del acuerdo por el que el Ayuntamiento cedió un solar estratégico ha sido "traicionado".

Ahora, una gestora de inversiones de ING será el único dueño de El Boulevard, mientras que Eroski venderá sus acciones, pero se quedará en propiedad con el híper y la gasolinera que abrió.

El portavoz del PSE, Juan Carlos Alonso, justificó la necesidad de constituir una comisión de investigación por la "alarma social" que ha provocado en la ciudadanía la venta. "Es preciso aclarar todos los términos de la transmisión porque el interés público puede verse perjudicado. Unos señores van a ganar plusvalías con suelos que eran municipales y el Ayuntamiento va a permanecer ajeno a ellas", advirtió.

Mikel Martínez, del PNV, destacó que el Ayuntamiento está implicado de una manera "directa, necesaria y determinante" en todo el proceso, por lo que es preciso aclarar lo sucedido. "Si el Ayuntamiento", añadió, "no se hubiera implicado activamente en su momento, ese centro ahora no existiría".

José Navas, de IU, fue el más contundente al afirmar que "el Ayuntamiento ha tenido algo que ver en un pelotazo privado". "Se han producido unas plusvalías con unos terrenos municipales y los particulares se van a apropiar de toda la ganancia".

Mientras, el concejal de Hacienda, Javier Maroto (PP), destacó tres ideas: que se trata de una operación privada en la que el Ayuntamiento no puede interferir, que los terrenos nunca fueron de propiedad municipal y que el Consistorio ha conseguido 2.886 millones de las antiguas pesetas con la venta de los terrenos, que ha invertido en mejorar los viales de toda la zona norte de la ciudad.

El origen de todo el proceso se remonta a 1998, cuando el entonces alcalde, José Ángel Cuerda (PNV), firmó con Sidenor la compraventa de los terrenos. El Ayuntamiento hizo un primer pago de 466 millones de pesetas (el 19% del total) y recibió una parte del suelo. Sidenor se comprometió a entregar el resto conforme fuera desmantelando sus instalaciones. Cuerda rechazó siempre la instalación de un gran centro comercial urbano.

La llegada de Alonso a la alcaldía dio un giro a la situación. Los minoristas, respaldados por ING y Eroski, cuyo hipermercado en Vitoria había quedado obsoleto, redoblaron sus presiones y el Ayuntamiento accedió a rescindir el contrato firmado con Sidenor, con la condición de que éste a su vez vendiera el suelo a los promotores de El Boulevard. Con la intervención de esta empresa privada el Ayuntamiento salvó la obligación de sacar el suelo a subasta pública.