El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que abra vías para regularizar a los 'sin papeles'

El defensor del pueblo, Enrique Múgica, anunció ayer que no presentará recurso de inconstitucionalidad contra la última reforma de la Ley de Extranjería. Era lo previsto. Lo que nadie esperaba era el siguiente párrafo del comunicado oficial: "[El Defensor del Pueblo] considera necesario que se efectúe un adecuado desarrollo reglamentario de la ley que permita, cuando menos, determinar vías de regularización individual a los extranjeros que permanecen en España en situación irregular. Para ello se tiene previsto iniciar inmediatamente contactos con la Administración, a efectos del desarrollo reglamentario de la Ley".

La institución basa esta petición al Gobierno en "razones humanitarias y pragmáticas". Y no se queda ahí. También llama la atención al Ejecutivo "sobre la necesidad de buscar fórmulas prácticas que permitan dignificar la situación de los extranjeros que permanecen en España y sobre los que pesa una orden de expulsión que no puede ejecutarse".

A juicio del Defensor, "estas personas no pueden, en principio, trabajar ni acceder a un estatus de residente legal. Obviamente eso les hace candidatos idóneos para asumir empleos en la economía sumergida -con todo lo que esto supone en cuanto a riego de explotación laboral o a la falta de condiciones básicas de salud y seguridad laboral- y en algunos casos los lleva a la marginalidad en cualquiera de sus muy variadas formas".

Criterio tradicional

Múgica emitió su veredicto pocas horas después de que el Parlamento vasco presentara su propio recurso ante el Tribunal Constitucional. Gracias a ello, pudo justificar su decisión de no recurrir la Ley en base al "criterio tradicional en la institución de no presentar recurso cuando lo ha hecho ya otro de los sujetos legitimados para ello".

Pero, con su postura, el Defensor del Pueblo ha defraudado a más de un centenar de entidades e instuticiones que le solicitaron que tramitara el recurso. Entre ellas figuran el Consejo General de la Abogacía, la Asociación Libre de Abogados, los sindicatos CC. OO. y UGT y las ONG Andalucía Acoge-Red Acoge y Asociación Nacional Pro Derechos Humanos.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, declaró a Europa Press: "Respetamos la decisión, pero nos hubiera gustado que el defensor presentara el recurso. Esperamos que la Administración atienda la solicitud de Múgica de desarrollar una regulación más digna de la situación de los inmigrantes". El presidente de la Comisión de Libertades e Informática, Antonio Farriols, afirmó que la reforma "consagra una sociedad con más derechos [la formada por los nacionales] y otra con menos [la de los inmigrantes]. Espero", añadió, "que el Constitucional corrija esta situación más pronto que tarde". Una portavoz de IU señaló, a la vista del comunicado del Defensor, que "en su fuero interno, Múgica reconoce que hay que revisar en el Reglamento aspectos de dudosa constitucionalidad".

El Parlamento vasco ha recurrido la modificación de los paratados 3 y 5 del artículo 17 y la de los artículos 31, 32, 34, 35, 38, 39 y 40, por considerar que suponen "un nuevo retroceso intolerable en los derechos y libertades que las personas inmigrantes tienen en el Estado español, fomentan la inmigración ilegal y dificultan el desarrollo de planes de integración por parte de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos".

En los mencionados artículos se consagra, entre otras cosas, el acceso de la policía a los datos del Padrón Municipal sin el consentimiento previo del interesado -lo que contraviene la opinión de la Agencia de Protección de Datos-, la devolución de inmigrantes a sus países sin posibilidad de audiencia ni defensa, se recortan los derechos de los extranjeros en los centros de internamiento, se deja en manos de la compañías de transporte la responsabilidad de decidir si sus clientes pueden o no solicitar asilo político en España y se niega a los inmigrantes indocumentados la posibilidad de presentar solicitudes a las administraciones públicas.