Columna
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Corrupción

En el último número de la revista Claves de razón práctica, un fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Vercher Noguera, hace un repaso al problema de la corrupción urbanística. Les recomiendo que lo lean si tienen ganas de deprimirse: la conclusión que uno termina sacando es que es éste un asunto que nadie parece tener interés en solucionar. De hecho -y a pesar de que se trata de un auténtico cáncer que amenaza al Estado de Derecho y encarece un bien de primera necesidad, como es la vivienda-, no recuerdo que nadie, en estos días de precampaña electoral, se haya ocupado de él.

Vercher -que, no olvidemos, es fiscal del Supremo- da por buenas las alarmantes conclusiones del Boletín Criminológico de la Universidad de Málaga publicado la pasada primavera que, entre otras cosas, prevén que la corrupción municipal dé un paso más y el poder pase de manos de los políticos corruptos a los que acudieron a blanquear dinero ilícito en el sector inmobiliario, lo que abriría el camino a mafias autóctonas que terminarían controlando no sólo el poder político, sino la policía o los juzgados.

Ya sé que suena a apocalíptico, pero hay unos cuantos indicios que señalan que hace ya algún tiempo que se ha entrado en esa fase. Sólo así se pueden explicar algunos episodios de transfuguismo o pactos contra natura vividos en la Costa del Sol. Como recuerda Vercher, no son sólo los ayuntamientos del GIL y similares los que huelen mal: partidos tan por encima de toda sospecha como el PP o el PSOE utilizan métodos similares que -al margen de que sean formalmente lícitos- permiten alcanzar idénticos resultados. Es decir, que, sistemáticamente, el planeamiento urbanístico se modifique a voluntad sirviéndose del sistema de convenios, cuya opacidad, si se desea, está garantizada.

Quizá sea por eso por lo que ningún partido político se toma la molestia de reflexionar sobre este problema. Además, el Gobierno del PP ha dado pasos en el sentido contrario a lo que sería de desear: ha tomado decisiones como la de debilitar la Fiscalía Anticorrupción -que es, sin duda, una institución que no le gusta nada- o la de desmontar la sección de los servicios secretos (CNI) dedicada a estudiar estos asuntos.

Alegra, eso sí, que sea un fiscal del Supremo, como Vercher, quien se tome en serio estos asuntos. Sus colegas, sin duda, deberían de tomar ejemplo. Empezando por sus colegas de la Audiencia de Málaga, que harían bien en leer su artículo de Claves. (Ya sé que es un poco árido y resulta más divertido el Marca, pero un día es un día).

Hace un par de semanas, la Fiscalía de Málaga archivó la causa abierta hace poco más de un año tras la moción de censura de Marbella que dio el poder a una ensalada de tránsfugas neogilistas. Lamentablemente, no era una sorpresa. Lo sorprendente hubiera sido lo contrario: que hubieran llevado a cabo una investigación seria.

Bastaría con que los fiscales pusieran en este asunto un celo similar al que aplicaron hace años para detectar los fraudes del PER, que costó cárcel a unos cuantos alcaldes por unas irregularidades de decenas de miles de pesetas, una broma comparado con lo que estamos hablando. De momento, no parecen estar suficientemente inspirados. No se sabe bien por qué.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 19 de febrero de 2004.

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