2.000 científicos se comprometen a no investigar con fines militares

Más de 2.000 científicos han firmado un manifiesto en el que denuncian la militarización de la investigación científica española y se comprometen a no participar en ningún estudio que tenga fines armamentísticos o militares. Los firmantes del documento piden al Gobierno español que "transfiera de manera gradual" los recursos que destina a investigación y desarrollo (I+D) militar hacia programas de investigación con fines sociales y civiles".

La campaña de recogida de firmas entre la comunidad científica fue impulsada por la organización Fundació per la Pau, con la colaboración de otras 40 ONG de toda España. El millar de firmas recogidas el año pasado ya se ha duplicado, lo que pone de manifiesto "el gran malestar de la comunidad científica por la grave situación de militarización en la que se encuentra la investigación científica" en España, según afirmó ayer Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau.

Los "objetores científicos" trabajan en 43 universidades (cinco de ellas extranjeras), 18 centros o institutos de investigación y 3 departamentos de investigación privados. El ginecólogo Santiago Dexeus, director del instituto que lleva su nombre; Eudald Carbonell, catedrático de Prehistoria de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y Pedro Arrojo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, son algunos de los científicos que se han adherido recientemente a la campaña. Federico Mayor Zaragoza, bioquímico y ex director general de la Unesco, fue el primer firmante del documento.

Apoyo universitario

Según los promotores de la campaña, España es, después de Estados Unidos, el país desarrollado que más invierte en I+D militar. En 2004, según la Fundació per la Pau, el Gobierno central tiene previsto dedicar el 32% del presupuesto público para investigación a programas militares. "Esto supone tres veces más lo dedicado al principal programa de financiación de la I+D para universidades y centros públicos de investigación", asegura Armadans.

Además de la adhesión individual de los científicos, la campaña impulsada por la Fundació per la Pau ha recibido el apoyo de varias universidades, cuyos rectorados han modificado sus estatutos para prohibir que en ellas se desarrollen programas de investigación con fines militares. Han tomado esta decisión, entre otras, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) , la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Autónoma de Madrid, la (UAM) y la Universidad de Girona (UdG).

Armadans reconoció ayer que el respaldo que está ofreciendo la comunidad científica a la campaña supera las expectativas de la organización. "El Gobierno debería tomar nota y reorientar una política que es ampliamente cuestionada", dijo.