Patente de corso en Marbella
Hace unas semanas la Junta de Andalucía firmo un convenio de colaboración con el ayuntamiento de Marbella para la elaboración de una revisión del PGOU de 1986, un convenio entre un ayuntamiento deslegitimado y una Junta de Andalucía a las puertas de unas elecciones autonómicas.
Pero a pesar de las buenas intenciones del Ayuntamiento y de la Junta, en Marbella se sigue construyendo de forma salvaje, como en los mejores tiempos del gilismo. El numero de viviendas fuera de planeamiento crece cada día y el ayuntamiento sigue mandando a sus abogados a presentar recursos contra todas las obras ilegalizadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
A la Junta no parece haberle importado, para firmar el acuerdo, que el Ayuntamiento no tenga ninguna intención de hacer cumplir la legislación emanada del Parlamento andaluz, Ley del Suelo y legislación ambiental. La alcaldesa ha hecho publico su negativa a parar los montones de obras que se están consolidando y que no cumplen el PGOU de 1986, del que se pretende hacer una revisión.
En la actualidad hay más de 22.000 viviendas ilegales paralizadas por los jueces. El Ayuntamiento las pretende "legalizar" con una Ley de Punto final, ósea con la nueva elaboración de un PGOU.
El acuerdo entre la Junta y el equipo de Gobierno pos -gilista va hacia la consumación de facto de las cuatro revisiones realizadas por el Gil, ósea la legalización de la especulación y las ilegalidades realizadas por el gilismo en Marbella desde 1991 hasta el 2004. Lo que supone una patente de corso para los miles de especuladores que asolan uno de los patrimonios más frágiles de Andalucía; su suelo.
