La Junta abre tres nuevos frentes judiciales contra el Gobierno a 25 días de las elecciones

A menos de un mes de las elecciones, el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó ayer la interposición de dos recursos y una demanda que tienen como destinatarios el Ejecutivo central. Los recursos se presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Reproducción Asistida y contra la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2004, ambos por invasión de competencias. La tercera iniciativa legal es la ampliación al Estado de la demanda que la Junta mantiene contra las tabaqueras, después de que el juez advirtiera de que si no se incluye a la Administración general archivaría el caso.

El Ejecutivo del socialista Manuel Chaves no sólo está apurando el tiempo que resta hasta la doble cita electoral del 14 de marzo para sacar adelante los proyectos previstos, el ritmo frenético se extiende también a los conflictos con el Ejecutivo de José María Aznar. Ayer, el Consejo de Gobierno autorizó de una tacada dos recursos al Constitucional y una demanda. Los primeros se fundamentan en la invasión de competencias, a la segunda se ha llegado más bien por imperativo judicial.

- Demanda a las tabaqueras. La Junta ha decidido demandar al Estado para mantener vivo su litigio contra seis tabaqueras, a las que exige una indemnización de 1,77 millones de euros por los gastos de atención sanitaria a 135 pacientes. El pasado 5 de febrero, el juez de Madrid que instruye el caso dio al Ejecutivo andaluz un plazo de 15 días para ampliar su demanda a la Administración del Estado, ya que, estima el juez, debe dirimirse si ésta tiene responsabilidad patrimonial por el antiguo monopolio de Tabacalera (hoy, Altadis). Si no, archivaría las actuaciones.

El Ejecutivo autonómico considera que la Administración central únicamente ejerció un monopolio fiscal, por lo que su portavoz, Enrique Cervera, recalcó ayer que se trata de una iniciativa "no buscada y obligada" que podría haberse evitado si el Gobierno hubiera aceptado la invitación de la Junta para "ir de la mano" contra las tabaqueras, en lugar de actuar por "sectarismo político".

El consejero de Salud, Francisco Vallejo, afirmó en ese sentido que su intención no ha sido nunca incluir al Estado en la demanda porque, entonces, al final "serán los contribuyentes los que paguen". "Parece que el Gobierno, con tal de no estar cerca de la Junta de Andalucía, prefiere estar cerca de los que venden tabaco", agregó el consejero.

- Reproducción asistida. El Consejo de Gobierno autorizó también ayer la interposición de un recurso de inconstitucionalidad con la Ley de Reproducción Asistida, al entender que vulnera las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. De esta forma, el Gobierno de Manuel Chaves se suma al recurso que registró el pasado día 5 el Parlamento autonómico, tras el acuerdo adoptado en la Cámara regional el pasado 22 de diciembre.

La Junta argumenta que la ley supone una especie de "punto y final", puesto que prohíbe explícitamente investigar con embriones generados con posterioridad a la ley. El Ejecutivo autonómico sostiene que, en materia de investigación científica, el actual marco constitucional sólo atribuye al Estado la potestad de regular el fomento y la coordinación general, mientras que el Estatuto de Autonomía establece la competencia exclusiva sobre la gestión e instituciones.

El portavoz del Ejecutivo andaluz dijo que la postura del Gobierno central sobre la investigación de células madre responde a un "doble prejuicio": el primero es el "fundamentalismo religioso" y, el segundo, evitar a toda costa que se investigue en Andalucía. Según Cervera, el Gobierno se ha visto obligado a modificar su posición inicial, que era, dijo, la de no investigar con células madres embrionarias, "desbordado por el apoyo de la opinión pública a esta puerta que se abre a la esperanza de miles de enfermos". En consecuencia, concluyó el portavoz andaluz, "como no puede evitar la investigación, intenta por todos los medios que se haga en Andalucía".

- Ley de Acompañamiento. El Consejo de Gobierno acordó por último interponer un recurso de inconstitucionalidad contra tres artículos de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2004, al considerar que limitan la capacidad de autogobierno en los ámbitos de la gestión del agua, los espacios naturales y la evaluación de impacto ambiental.

La Junta recurrirá el artículo 129 de la Ley de Acompañamiento, que modifica la ley estatal de Aguas en un sentido contrario a las competencias autonómicas. En concreto, el nuevo texto impide a la Junta delimitar las demarcaciones hidrográficas, incluso en el caso de que se incluyan íntegramente en el territorio andaluz, al tiempo que faculta a la Administración central para integrar unilateralmente cuencas intracomunitarias en demarcaciones intercomunitarias, lo cual haría imposible la transferencia de las cuencas del Sur, Tinto, Odiel, Piedras, Guadalete y Barbate.

Respecto a la vulneración de competencias medioambientales, el artículo 126 de la Ley de Acompañamiento modifica la Ley de Conservación de Espacios Naturales Protegidos para otorgar al Organismo Autónomo Parques Nacionales capacidad de decisión en la gestión y distribución de las inversiones en estos territorios. A juicio del Gobierno andaluz, se elude así la obligación de gestión coordinada de los parques nacionales. Además, el mismo artículo 126 sustrae al Gobierno andaluz la facultad de nombrar a los directores-conservadores de los parques nacionales.