La oposición desdeña las explicaciones de Alonso sobre el 'caso Boulevard' y aguarda a la comisión de investigación

El Ayuntamiento de Vitoria decidirá el viernes la puesta en marcha de la segunda comisión de investigación de su historia, en esta ocasión para esclarecer todos los aspectos de la venta del centro comercial más grande de Euskadi, El Boulevard.

Los partidos de la oposición quieren llegar hasta el fondo de por qué el convenio de venta de los terrenos en que se iba a construir el centro no incluía una cláusula que limitara y pusiera condiciones a la venta del complejo a terceros, sobre todo cuando el suelo fue vendido en condiciones muy favorables con el argumento de proteger el comercio local. Toda la oposición coincidió ayer en que el presidente de la comisión no puede ser ningún edil del equipo de gobierno. Los portavoces locales del PNV, Mikel Martínez, y del PSE, Patxi Lazcoz, se perfilan como candidatos a la presidencia.

Mientras, el alcalde, el popular, Alfonso Alonso y los promotores del complejo comercial tenían cita ayer con los grupos de la oposición para aclarar todos los extremos de la operación. La reunión acabó en menos de media hora. Los socialistas no acudieron a una cita en la que no confiaban y el PNV se limitó a explicar que no iba a participar en un acto cuyo único objetivo era desactivar la comisión de investigación. Alonso señaló al terminar que los promotores se sentían estafados por el desarrollo de la reunión. El peneuvista Mikel Martínez replicó que es la ciudadanía de Vitoria la que debería sentirse estafada por la forma en la que se han desarrollado los hechos.

Con el argumento de la protección del comercio local, la sociedad Inalcosa, de la 90 comerciantes locales y la Caja Vital poseían el 30%, Eroski el 35,57% y ING Real State el 34,43%, recibió los terrenos por adjudicación directa sin concurrir a un concurso o subasta en el año 2000.

El problema surge cuando apenas tres meses después de su apertura la sociedad vende el centro a ING, generando unas plusvalías cercanas a los 30 millones de euros. La oposición considera que el Ayuntamiento renunció a unos pingües beneficios para proteger el comercio local.