Fabra cobró 140.000 euros por dos informes de riesgos laborales

Los dos informes que Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, entregó en el juzgado para rebatir la acusación del empresario Vicente Vilar de haber cobrado a cambio de favores políticos, y por los que afirma que su empresa Carmacas cobró 140.000 euros, que justifica con cuatro facturas, consisten en comentarios generales sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y lo que debe hacer una empresa en esta materia.

El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, entregó dos informes en el juzgado, al que acudió como imputado ante la sospecha de la comisión de "uno o varios" delitos contra la Administración pública. En ambos se refiere a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de una manera global y genérica. Por los dos informes, Fabra asegura que cobró más de 140.000 euros, según se desprende de las facturas emitidas por su empresa, Carmacas. El empresario Vicente Vilar, sin embargo, alega que pagó a Fabra a cambio de gestiones para acelerar la concesión de autorizaciones para fabricar productos fitosanitarios.

El primero de los trabajos, bajo el título Consideraciones sobre las obligaciones de la empresa en materia preventiva, se limita a realizar un repaso por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su articulado. Así, dedica veinte folios a exponer lo recogido desde el artículo 14 hasta el 28. El resto del informe habla de las modalidades de organización de la prevención en la empresa y acaba defendiendo el modelo de concierto de actividades preventivas de la Unión Mutuas, de la que Fabra es consejero.

El segundo y más extenso informe se refiere a las "actividades a realizar en materia de prevención de riesgos laborales en una empresa de productos fitosanitarios". En éste, entre la relación de normativa obligatoria para la empresa, aparece indicada la que marca las condiciones en que deben realizarse los trabajos en los que se manipula amianto, sustancia, según aseguró ayer Vilar, que no se utiliza en sus empresas. El documento entregado por Fabra señala, por ejemplo, que "se hará todo lo posible para reducir la posibilidad de que ocurran accidentes y enfermedades profesionales, así como para mejorar las condiciones de trabajo". También sostiene que "se procurará sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro". "Las funciones asignadas al trabajador designado de nivel intermedio también podrán ser asumidas por el trabajador de nivel superior", sostiene. En el mismo, hace referencia a las competencias del comité de seguridad y salud, describe treinta riesgos (desde caídas hasta carga mental) e indica que "las medidas o actividades preventivas planificadas pueden ser de distintos tipos".

Vilar presentó, al menos, cuatro facturas, que, según dijo, Fabra emitió con el fin de que el empresario pudiera justificar contablemente los pagos. Todas las facturas tienen como concepto la realización de "trabajos e informes jurídico-laborales". Sin embargo, los informes entregados por Fabra a la titular del Juzgado número 3 de Nules hablan, únicamente, de la prevención de riesgos laborales. Éste es, precisamente, uno de los objetos que la empresa de Fabra declaró en su creación.

Dos de las facturas están emitidas a nombre de Naranjax, mientras que otras dos se dirigieron a Comercial de Industrias Arcavi, una empresa que no tiene trabajadores ni actividad. Existe una quinta factura a nombre de Artemis 2000, la sociedad que fue formada por las esposas de Vilar, Monserrat Vives, y del propio Fabra, Amparo Fernández, aunque, según el presidente de la Diputación de Castellón ésta no se llegó a cobrar.