UPN renuncia a un centro oncológico público para no perjudicar a los privados
El Gobierno navarro incumple una promesa de Sanz en su investidura alegando falta de dinero
El presidente de Navarra, Miguel Sanz, lo prometió en su discurso de investidura. El Centro Oncológico de Navarra, núcleo fundamental del Plan Oncológico aprobado por su Gobierno en 2001, se convertiría esta legislatura en centro de referencia para el tratamiento ambulatorio del cáncer. La sorpresa surgió el pasado jueves, cuando Sanz anunció que UPN ha renunciado a él porque, entre otros motivos, "pondría en riesgo los servicios que presta la sanidad privada".
Una semana antes, su consejera de Sanidad, María Kutz, había reiterado ante el Parlamento foral que las obras del centro comenzarían en 2005. "
Ningún presidente de ninguna comunidad española se había atrevido a decir tan claramente que renuncia a mejorar las infraestructuras públicas para no perjudicar al Opus Dei", afirma el secretario general del PSN-PSOE, Juan José Lizarbe, apuntando a la Clínica Universitaria de Navarra, el centro médico al que Sanz hizo referencia y con el que, según señaló el presidente navarro, se concierta el tratamiento de pacientes de cáncer "de una forma más eficiente y más barata".
El Centro Oncológico era uno de los pilares del Plan Oncológico de Navarra. El Gobierno asegura que su construcción se ha encarecido y obligaría a invertir 29 millones de euros que no tiene. En su lugar plantea ubicar un simple servicio de radioterapia en el Hospital de Navarra con un coste de 8,6 millones y seguir concertando los tratamientos con la clínica privada vinculada a la Universidad del Opus Dei.
El Centro Oncológico debía albergar el servicio de radioterapia con tres aceleradores lineales y un búnker de reserva, así como el hospital de día para el tratamiento de quimioterapia, consultas, área de atención psicosocial y otras dependencias. Su creación constituía un paso ineludible para la investigación sobre esta enfermedad desde la sanidad pública. Las instalaciones de radiología públicas se han quedado obsoletas. El único acelerador lineal existente corre un gran riesgo de avería y las colas de espera que padecen los enfermos son enormes.
La renuncia a una de las promesas electorales más destacadas de UPN ha originado el rechazo de los pacientes afectados, instituciones médicas y todos los partidos, incluidos sus socios de CDN, que hablan del proceso "más grave" de privatización de un servicio público básico ocurrido nunca en Navarra. "La construcción de un pabellón exclusivo de radioterapia es un mero parche y no una solución", señala Nieves Perea, presidenta de Saray, la asociación de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. "Otra vez más nos han tomado el pelo. Nosotras mismas seguimos sometidas a unas tremendas listas de espera y quienes pasan su primer diagnóstico comprueban la penuria de las actuales instalaciones", añade. La Asociación Española contra el Cáncer ha considerado "muy grave" la renuncia del Gobierno y anuncia un próximo pronunciamiento público.
El concierto con la Clínica Universitaria sirvió para el tratamiento en 2003 de 303 enfermos de cáncer, que recibieron sesiones de radioterapia y quimioterapia, por las que el Gobierno pagó 87.669 euros. Además, abonó a la clínica otros 301.248 euros por tratamientos de braquiterapia, teleradioterapia de radioisótopos y radiocirugía de metástasis, inexistentes en el Servicio Navarro de Salud.
La sombra del CIMA
Todas las miradas se han dirigido estos días hacia el flamante edificio del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), propiedad del Opus Dei, cuya inauguración está prevista para la primavera. Más de 350 médicos e investigadores trabajarán en sus cuatro áreas: oncología, enfermedades cardiovasculares, neurociencias y terapia génica de enfermedades hepáticas.
El CIMA nace con la vocación de ser un centro puntero de España con el apoyo financiero directo de trece socios, incluyendo bancos, corporaciones y empresas privadas, pero también el dinero público de los navarros a través de la presencia de la Corporación Caja Navarra y la sociedad de capital riesgo Sodena, ambas controladas por UPN, que comprometieron una aportación del 10% del capital (15 millones de euros) a esta pionera joint venture española para la financiación de la investigación médica.
