Ciudad de la Justicia, éxito y 'chapuza'

Es única en su género y tiene decenas de proyectos que la imitan dentro y fuera del territorio valenciano. La planta de la Ciudad de la Justicia es tres veces más grande que el césped del Mestalla. La superficie útil, de 114.000 metros cuadrados repartidos en cinco pisos sobre el suelo y dos sótanos. Nació como un ejemplo de modernidad, lo nunca visto. Y cuando aún no está toda ocupada, quienes trabajan en ella ya la bautizan como chapuzas city. Es el ingenio de luz y cristal del arquitecto Alfredo Batuecas, sacrificado antes del final de la obra por las continuas modificaciones del que fuera director de Justicia, Eloy Velasco.

Su presupuesto ha superado con mucho los 120 millones de euros iniciales, ha llegado a los 200. Además, se suman otras partidas no directamente imputables a la construcción sino a su puesta en marcha, como la compra de material informático -para lo que no ha habido dinero suficiente, más de 60 trabajadores utilizan ordenadores con más de 10 años de vida, y la consejería de Justicia lo excusa en un convenio con el Ministerio de Justicia al que nadie acierta a poner fecha-, la mudanza -que ha vaciado diez sedes judiciales de la ciudad de Valencia-, la contrata de mantenimiento y limpieza...

El único modelo de macroconstrucción comparable está en Tokio

Lo más parecido al complejo de oficinas judiciales, en el que se han utilizado 60.000 metros cúbicos de hormigón, 7.000 toneladas de acero, decenas de kilómetros de cable, que se eleva hasta más de 40 metros sobre el suelo y en el que se ha utilizado cristal para cubrir 24 piscinas olímpicas (34.064 metros cuadrados), un edificio del que, si se pusiesen uno tras otro los ladrillos, llegarían a Roma, está en Tokio. Pero si arquitectónicamente puede servir de referencia, aquella macroconstrucción no ha podido servir de modelo para la logística de la puesta en marcha de una ciudad en la que deben trabajar cada día 1.650 personas (a las que hay que añadir 800 profesionales de tránsito, tales como abogados, procuradores y otros) y acoger a entre 3.000 y 5.000 usuarios.

Sin antecedentes de los que aprender, los problemas se han multiplicado en uno de los "grandes proyectos" del PP. La obra, ocupada ya casi en su totalidad, -sólo faltan el Registro Civil y tres salas de la Audiencia Provincial-, aún no está entregada, aunque fue inaugurada en marzo de 2003 bajo la presidencia de José Luis Olivas y con la asistencia del ex presidente y actual ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y otros miembros del Gobierno, entre un auténtico ejército de operarios, algunos encargados de camuflar deficiencias como goteras o barandillas que no soportaron ni el roce de la comitiva.

Las cifras de la Ciudad de la Justicia tienen dimensiones magnas. El edificio principal -hay otro anexo bautizado como 24 Horas porque acoge los servicios permanentes, tales como el juzgado de guardia- está conectado por 19 escaleras, tiene 260 baños (los del zaguán sin espejo porque podía ser arma arrojadiza, los del bar, con él, teniendo en cuenta que el acceso es igualmente libre), 4.000 puertas (la mayoría accionables por tarjetas electrónicas que no funcionan y que obligan a los funcionaros a comunicar dónde van, por si tardan, para que los rescaten si se han quedado encerrados).

De parecidas proporciones son los problemas que han ido surgiendo. El aparcamiento, que aún no funciona y se dispone en el segundo sótano, con 7.000 metros cuadrados de superficie, es insuficiente. Cada juzgado, con una docena de empleados de media, tiene asignadas dos plazas. En la mayoría de los casos juez y secretario son los destinatarios. Los más solidarios establecerán turnos. Las fotocopiadoras no admiten el papel de oficio, así que no se trabaja con originales. Una tercera parte de las mesas de trabajo no tienen iluminación porque las luces se han dispuesto en los pasillos. La transparencia del cristal que envuelve la construcción -y que tenía por objeto ahorrar energía- se ha visto mermada porque los despachos de los jueces son los que dan a la calle y, al colocar persianas para aislarse del resto, impiden que entre la luz. Las columnas que encierran el cableado emiten un molesto ruido. La inspección de riesgos laborales está pendiente de medir la radiación que desprende esa concentración de cable.

El archivo, de 7.000 metros cuadrados repartidos en decenas de salas, no tiene quién lo atienda ni escalera que permita trabajar en estanterías de más de tres metros de alto. Sólo tres personas recorren los pasillos del patio interior que forma el edificio principal de la Ciudad de la Justicia, para llevar y traer documentación: se acumulan ya más de 1.000 peticiones no atendidas. Esto último, así como el archivo, depende del decanato de los juzgados. Su responsable, José Luis Gómez-Moreno, dice no tener personal para que se ocupe de ello. Pidió a Justicia una docena de trabajadores de refuerzo -tal como había ya hecho su antencesor, el que ahora es secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, y que le niega los recursos que él mismo consideró idóneos- y advirtió que de no ser así otros servicios verían mermada su eficacia si redistrbuía el centenar de funcionarios adscritos que tiene. De Rosa y la directora general de Justicia, Patricia Montagud, han afirmado públicamente que el presupuesto de la consejería cubriría las necesidades. A los sindicatos ya les han pedido que no reclamen personal porque no lo pueden pagar. Los 600.000 euros difícilmente, según explicó De Rosa a los sindicatos, alcanzarán para el personal de los nuevos juzgados de lo mercantil.