La Diputación vizcaína elude concretar las anomalías cometidas por su jefe de Inspección

La Diputación de Vizcaya destituyó al máximo responsable de su Inspección Fiscal, Juan Ramón Ibarra, por "pérdida de confianza" y "practicas administrativas" realizadas fuera de su "ámbito de actuación" y "no amparadas por su superior". El diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, eludió ayer en su comparecencia en las Juntas Generales para explicar la destitución desvelar cuáles son estas irregularidades, que están detalladas en la investigación abierta a Ibarra por un juzgado bilbaíno. La oposición censuró la tardanza en el cese del inspector, decretado el pasado día 5. El próximo miércoles comenzarán las declaraciones de funcionarios forales ante el juzgado.

Iruarrizaga compareció ante las Juntas acompañado por sus cuatro directores del Departamento de Hacienda y Finanzas, pero no aportó ningún dato sobre los presuntas anomalías cometidas por el jefe de la Inspección. Según lo conocido hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción le acusó hace ya dos meses de presuntos delitos de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), falsedad en documento público e infidelidad en su custodia. A Ibarra se le relaciona con el trato a favor a cerca ce un centenar de contribuyentes a través del bloqueo de programas informáticos para que nadie, salvo él, pudiera acceder a determinados expedientes tributarios.

El diputado no se refirió a nada de esto. Concretó que el 27 de enero el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao pidió información tanto a Hacienda como a la empresa foral Lantik, encargada de la informática, requerimiento que se respondió el 3 de febrero. El día 2 se recibió una solicitud de una lista de contribuyentes, que Hacienda envió tres días después, justo la fecha en la que se acordó la destitución.

Iruarrizaga afirmó que él mismo realizó la solicitud del cese y la apertura de un expediente disciplinario, que no se produjo el mismo día. El titular de Hacienda precisó que el expediente se ha abierto, aunque sin especificar en qué fecha. El pasado viernes, un portavoz autorizado de la Diputación afirmó que "por el momento" no se había realizado ese trámite. En cualquier caso, el expediente se mantendrá prácticamente paralizado porque no puede resolverse hasta que haya una sentencia penal firme, al encontrase el caso en los juzgados.

Pérdida de confianza

El diputado, quien incidió en que los hechos imputados se tienen "que probar" y el procedimiento "ni siquiera ha empezado" en la fase testifical, citó cuatro motivos para el apartamiento de su cargo del responsable de la Inspección. Se trata de "la pérdida de confianza en esta persona, la posible existencia de actuaciones que pudieran no estar conformes con las normas de funcionamiento interno de la Hacienda foral, la posible existencia de prácticas administrativas fuera del ámbito de su actuación y la posible existencia de prácticas administrativas no amparadas por su superior", según relató Iruarrizaga.

Agregó que, ante el inicio de las declaraciones en el juzgado el próximo día 18, "no sería óptimo" la comparecencia de funcionarios de la Inspección cuando su superior es el imputado.

Tras las censuras del portavoz del PP, Carlos Olazabal, por la falta de datos sobre la querella y las acusaciones concretas contra el ex jefe de la Inspección, el diputado dijo que no podía comunicarlo "porque está penado por la ley". Sobre esta cuestión existe jurisprudencia de la Audiencia de Vizcaya. A mediados de los 90 y a consecuencia de las filtraciones del caso Azpiegitura, dictó una resolución -cuyo ponente fue el magistrado José María Lidón, asesinado por ETA- en la que no se consideraba delito la difusión de contenidos de los sumarios no declarados secretos, como es éste, con el fin de amparar la libertad de información.

Iruarrizaga incidió en que la Hacienda "no ha sido ni es investigada" y que para la Diputación no hay "contribuyentes preferenciales".

Carlos Olazabal apuntó, tras criticar la tardanza en la destitución, que la Diputación ha colocado a Ibarra "al pie de los caballos" y reprochó que no se concretaran las "irregularidades existentes ni tampoco cuáles son las prácticas que se le suponen en contra de sus superiores". Inquirió sobre si el ex jefe de la Inspección había borrado de un listado a una treintena de contribuyentes "que han sido recuperados a través de Lantik" y si se había abierto una investigación a este colectivo. Aseguró que, "si estos datos fueran ciertos", el diputado de Hacienda debería dimitir "porque tiene conocimiento oficial" de lo sucedido.

Josu Montalbán, del PSE, se mostró mucho más comedido y, tras coincidir en criticar el retraso de la destitución, rechazó la "utilización partidista" del asunto. "No participaremos en algaradas que persigan el descrédito de la institución por encima del esclarecimiento de los hechos". Expresó su "respeto" a las actuaciones forales aunque precisó: "Seremos implacables si se demuestran vinculaciones políticas partidarias". Anunció la petición de una comparecencia mensual del diputado para informar de la evolución de este caso.

Martin Calvo, de IU, dijo que la destitución "da a entender que ha podido haber comisión de un delito" y anticipó que, si se confirma, exigirán "responsabilidades políticas" al propio diputado general, José Luis Bilbao. PNV y EA defendieron los pasos dados por la Diputación.