El Parlamento vasco vota a favor de recurrir ante el Constitucional la Ley de Extranjería

Los tres grupos parlamentarios que forman el Gobierno vasco y el grupo de la ilegalizada Batasuna (SA) aprobaron ayer con sus votos que el Parlamento autónomo presente un recurso de inconstitucionalidad contra la última reforma de la Ley de Extranjería, en vigor desde el pasado 22 de diciembre. La propuesta se tramitó por vía de urgencia a instancias del Partido Nacionalista Vasco, EA e Izquierda Unida, entre las suspicacias de populares y socialistas vascos, que la atribuyeron a razones puramente electorales.

El PP defendió la constitucionalidad de la ley, mientras que el PSE recordó que ni el PNV, ni EA ni Izquierda Unida enmendaron a la totalidad el proyecto durante el trámite de su debate en el Congreso ni aludieron entonces a su posible inconstitucionalidad.

El Parlamento tomó su decisión por 39 votos a favor (los del tripartito y Sozialista Abertzaleak) y 27 en contra (populares y socialistas). "Lo que aporta este debate es el propio recurso", justificó la peneuvista Gema González de Txabarri ante los emplazamientos de PP y PSE al explicar porqué se reproducía ayer, y con llamada a la urgencia, un debate que ya se registró en noviembre, cuando el pleno se pronunció al respecto.

El recurso, que los servicios jurídicos de la Cámara formalizarán en breve, cuestionará los preceptos que regulan la devolución de inmigrantes a sus países de origen, los centros de internamiento y el acceso y uso de los datos del padrón municipal sin consentimiento de los interesados. Los artículos que se recurrirán son el 1, en sus apartados 31, 32, 34, 35, 38, 39 y 40, y el 3, en sus apartados 3 y 5.

Durante el debate, el hemiciclo permaneció semivacío -a las 11.30 estaban en sus escaños diez parlamentarios del PNV, cinco del PP, cuatro del PSE, dos de EA, uno de IU y ninguno de SA, un total de 22 sobre los 75- y sólo el consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, ocupaba su sitio en los bancos del Gobierno.

Los grupos del tripartito consideraron que la reforma emprendida el año pasado de la Ley de Extranjería vigente desde 2000 supone "un retroceso intolerable" en los derechos de los extranjeros, fomenta la inmigración ilegal y dificulta el desarrollo de los planes de integración que desarrollan las Administraciones autonómicas y locales. Una de las críticas centrales reside en el uso del padrón como "instrumento de control policial", lo que, a juicio del tripartito, impedirá el acceso de los inmigrantes en situación irregular a servicios como la sanidad y la educación. Txabarri recordó que el Consejo General de la Abogacía ya ha pedido al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que recurra la ley al Constitucional, decisión que esa institución tiene en estudio.

Kontxi Bilbao, de IU, acusó al Ejecutivo central de considerar a los inmigrantes "pura mercancía, peor que ganado" y reprochó al PSE su posición con los populares. Desde EA, Rafael Larreina enmarcó la ley en la "involución democrática" del PP y declaró llegado "el momento oportuno de defender la Constitución, aunque algunos quizá se sorprendan".

El PP y los socialistas, que sacaron adelante la ley en el Congreso el pasado 2 de octubre con 254 votos a favor, 14 en contra y la abstención de CiU, defendieron la norma, aunque el socialista Jesús Loza aclaró que no constituye "el gran pacto de Estado sobre la inmigración" que su partido desea. El popular Antón Damborenea sostuvo que los extranjeros tienen en España "los mismos derechos que los españoles" y retó al tripartito a que le mostrase una legislación más avanzada.

Loza recordó además a PNV, EA e IU, partidos todos con representación en el Congreso, que ninguno de ellos pidió la devolución del proyecto al Gobierno, como debieron hacer en la tramitación en Cortes si consideraban, como ahora aducen, que la ley vulnera preceptos constitucionales.

Loza interrogó también al tripartito sobre los motivos de que el Gobierno vasco no haya impugnado la ley y acusó a la Dirección de Inmigración autónoma, dependiente de la consejería de Asuntos Sociales, de mantener "un silencio cobarde" ante vulneraciones de derechos provenientes del propio Ejecutivo, en referencia a la circular de Educación sobre la escolarización de los niños inmigrantes en el País Vasco.