Un juez procesa a un abogado por pagar a sicarios para que matasen al fiscal antidroga

Un juez de Madrid ha decidido procesar a ocho personas -entre ellas, al abogado y narcotraficante Pablo Vioque- por tejer y formar "una asociación ilícita" para asesinar al teniente fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y a otras tres personas. El fiscal les atribuye los "delitos de asociación ilícita y conspiración para el asesinato". Aunque inicialmente fueron involucrados en las pesquisas dos funcionarios de la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se halla preso Vioque, el magistrado ha decidido exonerarles de responsabilidad en esta trama.

El juez asegura en su auto de procesamiento que el plan diseñado desde la cárcel por Vioque se habría materializado si no es por la intervención de la Policía Judicial, que días antes de la fecha prevista para el crimen de Zaragoza detuvo a los implicados. A todos menos a Camilo García, coimputado con Vioque "en otras causas penales", y quien, en su momento, se encargaría de indicar a los sicarios los nombres de dos de las cuatro víctimas previstas. En el auto de procesamiento, dictado el martes, el juez decreta la búsqueda y captura, "incluso internacional, de García". El plan asesino no era una simple idea. A los sicarios contratados para perpetrar las muertes se les facilitaron dinero y fotografías del fiscal antidroga entrando a su domicilio.

El juez considera a Vioque cabecilla y financiador del plan para los cuatro asesinatos. El también abogado había desembolsado con este fin criminal un total de 14.000 euros. Por la muerte de Zaragoza, un fiscal que ha destacado en su lucha judicial contra grandes capos de la droga, Vioque se comprometió a pagar a los sicarios 50.000 euros; así como otros 100.000 euros más por el asesinato de "dos personas domiciliadas en Galicia" y de un abogado de Madrid con despacho en la calle de Alberto Alcocer.

Además de Vioque, los otros siete procesados son Freddy Tratales Solís, Diego León Cardona, Diana Carolina Ricaurte, Carlos Henry Savogal, Claudia Milena Cárdenas, María Ángeles Samanieo y el citado Camilo García Sánchez.

La trama asesina diseñada por Vioque desde la cárcel fue desmontada por la Guardia Civil dentro de la llamada operación Astilla. Y fue descubierta tangencialmente durante unas pesquisas por narcotráfico que desarrollaba la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. La Guardia Civil, a través de un confidente, recibió el soplo de que Vioque gestaba desde la cárcel de Soto, donde ahora se halla preso por tráfico de drogas, el asesinato de Zaragoza y de dos arrepentidos que le había delatado como supuesto narcotraficante a gran escala.

Ajuste de cuentas

El objetivo del plan era hacer un ajuste de cuentas y atemorizar a las personas que iban a declarar contra Vioque, ex secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Vioque ha sido condenado por narcotráfico en un juicio que se desarrolló contra él el año pasado en la Audiencia Nacional. Se le acusaba de estar detrás de una partida de dos toneladas de cocaína que intentó introducir en España en 1991 a través de Galicia.

Un testigo protegido, que en la causa figura como 33-R, ha ayudado al juez a desmantelar la supuesta trama asesina de Vioque. Este testigo, según el juez, "recibió, el 19 de diciembre de 2002, un encargo de Freddy Tratales [a quien Vioque conoció tiempo atrás en la cárcel] de matar a una persona a cambio de dinero". Esa persona era el fiscal Javier Zaragoza.

Tratales facilitó en ese momento al testigo un manuscrito en el que indicaba el domicilio de Zaragoza, con vistas a que se le hiciese una vigilancia y seguimiento. Asesinado Zaragoza, el testigo protegido y amigos suyos debían matar, asimismo, a otras tres personas, dos de ellas residentes en Galicia, así como a un abogado de Madrid.

Por las cuatro muertes, el testigo y las personas que éste eligiese para la misión recibirían más de 150.000 euros, según tiene acreditado el juez. Según éste, el dinero que Tratales entregó al testigo procedía en origen de Vioque, que lo hizo llegar a su amigo Diego Cardona para que éste, a su vez, lo entregase a su novia y ésta se lo diese finalmente, junto con las instrucciones para el crimen, al testigo protegido. Tratales facilitó al testigo, el 9 de enero de 2003, 2.000 euros para comprar la pistola asesina, según el juez.