Comas apuesta por políticas de rehabilitación a los maltratadores

Montserrat Comas, miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y responsable del Observatorio de Violencia Doméstica, afirmó ayer que "la sociedad no puede renunciar a que una franja de maltratadores sean rehabilitados" y que "tal vez ha llegado el momento de que nos interroguemos sobre si hay que destinar recursos a los maltratadores". Comas explicó que todas las medidas que hasta ahora se han activado en la lucha contra la violencia doméstica "han tenido como centro de atención la víctima, como no podía ser de otro modo". Pero verbalizó la necesidad de ampliar hacia el agresor las políticas de tratamiento porque, dijo, "hay maltratadores que siguiendo tratamientos podrían rehabilitarse, y no olvidemos que los agresores, más pronto o más tarde, vuelve a incorporarse a la sociedad". La responsable del Observatorio de Violencia Doméstica recordó que la ley establece que las penas menores puedan ser sustituidas por cursos de formación. Pero explicó que "los jueces no aplican las medidas sustitutivas porque no existen centros".

Alternativas

Montserrat Comas explicó que tras tres informes anuales desde el Observatorio del que es responsable se pretende, con esa información de base, "recabar otra serie de datos para saber cómo actuar y proponer medidas al poder legislativo". Entre esas alternativas, el Observatorio se ha decidido a estudiar si, por ejemplo, en los centros penitenciarios los presos por causas de violencia doméstica reciben algún tipo de apoyo específico. "Hasta ahora no se ha hecho una apuesta por el tratamiento a los maltratadores y tal vez convendría que, de forma paralela, nos lo planteáramos", explicó.

Los datos sobre los tratamientos que puedan estar dispensándose a los agresores en prisión se sumarán a otro estudio, con 12.000 sentencias y resoluciones como muestra, que retratará la actuación de los jueces en materia de violencia en el ámbito de la familia. Comas defendió el conocimiento al detalle de los episodios violentos para poder corregir medidas o activar otras. Y aseguró que con ello se busca la máxima eficacia y aumentar la sensación de seguridad y de amparo que deben tener las víctimas. Montserrat Comas, que afirmó no tener datos sobre posibles incumplimientos por parte de los agresores de las medidas cautelares que se derivan de la aplicación a una víctima de la orden de protección, afirmó que con dicha norma "ha habido un avance muy importante, con todas las reservas hay que señalar que ninguna mujer sobre la que se ha aplicado la orden ha fallecido, aunque no se sabe qué puede ocurrir mañana".

Pero sí insistió en que los datos de muertes por violencia en el ámbito de la familia en 2003, que eleva a 103 el número de fallecidos, de las 81 fueron mujeres y 65 perdieron la vida a manos de sus parejas, en un 75% no habían interpuesto denuncia alguna contra el agresor, "lo que significa que hay un sustrato de violencia muy importante que no emerge".