El Ejecutivo ha destituido ya a 300 altos cargos de la Administración de CiU

En poco más de 50 días, el nuevo Gobierno catalán ha firmado unas 300 destituciones de altos cargos del Ejecutivo de Convergència i Unió (CiU). De ellos, 91 siguen trabajando en la Administración de la Generalitat, en su mayoría como funcionarios que ya se han reincorporado a su puesto. Los datos los ofrecieron ayer el consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, el republicano Joan Carretero, y su equipo en su comparecencia en el Parlament, donde el consejero insistió en que el nuevo Gobierno catalán ahorrará este año casi tres millones de euros en retribuciones de altos cargos.

El nuevo Ejecutivo de izquierdas hace una definición de alto cargo que no se ajusta estrictamente a la ortodoxia. No incluye únicamente a secretarios generales, secretarios y directores generales -como fija el canon-, sino también a asesores y personal eventual de alto rango. La lista de asesores y de personal eventual era antes una información reservada, que infructuosamente trataron de conseguir en la pasada legislatura varios diputados, y muy singularmente el portavoz de ERC Joan Ridao. El nuevo Gobierno ha prometido hacer públicos todos los asesores y sus retribuciones, pero aún no ha publicado la información en el Diari Oficial de la Generalitat.

De acuerdo con los datos aportados ayer por Carretero, el Gobierno de CiU tenía 375 altos cargos: 148 entendidos en sentido estricto y otros 227 como asesores eventuales. Desde que tomó posesión, el nuevo Ejecutivo ha firmado en torno a 300 ceses de estos altos cargos, según indican datos de Gobernación, el 80% del total.

Esta primera cascada de ceses no incluye todavía a las empresas públicas y a los representantes de la Generalitat en sus consejos de administración, precisaron fuentes de Gobernación.Los diputados de CiU se mostraron muy escépticos ante la voluntad anunciada por el nuevo Gobierno de reducir los altos cargos. Carles Puigdomènech pidió que se distinga lo que se dice de lo que se hace y aseguró que "la realidad del diario oficial" refleja que el actual Gobierno cuenta con más altos cargos que el anterior. El portavoz del PP, Francesc Vendrell, quiso zanjar el debate subrayando que lo importante es que la Administración funcione y que el número de altos cargos no es un factor básico al respecto.

Carretero, no obstante, puso énfasis al tratar de demostrar que la nueva Administración ahorra en altos cargos, a pesar de contar con más departamentos que nunca. Según sus datos, el adelgazamiento se nota ya en las partidas presupuestarias destinadas a la retribución de altos cargos, que se han reducido casi tres millones de euros, el 11,95%. En 2003 el gasto ascendió a 23,1 millones de euros y para 2004 se ha rebajado a 20,4 millones, según Gobernación.

El consejero presentó un programa en el que la reforma de la organización territorial y la ley electoral serán ejes claves, compartidos con el Departamento de Relaciones Institucionales, que dirige el ecosocialista Joan Saura. El objetivo de Carretero es rediseñar la ordenación territorial a partir de las veguerías y limitar -y en ocasiones incluso suprimir- el poder de los consejos comarcales. Esquerra Republicana (ERC) apoyó en su día la creación de estos organismos, pero ayer Carretero dejó claro que sus atribuciones cambiarán para que sean más técnicas.

El consejero se expresó en términos inusualmente duros -ya avisó que él es "de pueblo" y que dice siempre lo que piensa- y calificó de "auténtico desastre" el funcionamiento de los consejos comarcales hasta ahora. A menudo, dijo, han ejercido de "comisarios políticos [de CiU] en el territorio para controlar incluso a los díscolos del propio partido". Y todavía fue más allá al tomar prestada una durísima frase de un "alcalde que estuvo muchos años en Convergència y que ahora es de Unió", cuya identidad no desveló: "[Algunos consejos comarcales] son cajas de muertos que llevan cuatro vivos", remachó.

El consejero anunció que los recursos del Fondo de Cooperación Local se duplicarán en cuatro años y que el Plan Único de Obras y Servicios 2004-2007 aumentará 60 millones de euros, es decir, el 43%, respecto al anterior. CiU puso en duda que la promesa se materialice y dijo que debe avalarla Economía.

La federación nacionalista evidenció durante la comparecencia su soledad en la Cámara. La mecánica parlamentaria le deja en una situación incómoda porque tanto el consejero como los tres grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno destinan parte de su tiempo a censurar la postura de la federación nacionalista y su pasada gestión de gobierno. Además, el PP suele desmarcarse explícitamente del estilo de CiU. Francesc Vendrell (PP) agradeció la comparecencia y reprobó la "crítica por la crítica" que a su juicio practica CiU. El diputado nacionalista Joan Raventós no ocultó su desazón: "Habría que hacer dos sesiones, una para el consejero y otra para poder contestar a la oposición de la oposición", afirmó.