La atención domiciliaria sólo llega al 1,3% de los ancianos

Los recursos que las administraciones destinan a que los ancianos dependientes puedan envejecer en casa son del todo "insuficientes", pese a que ésta es la opción generalmente preferida por las personas mayores y la que aporta más beneficios con vistas a su calidad de vida y su salud. Así lo denuncia el síndic de greuges, Anton Cañellas, en un estudio en el que analiza la situación de las personas mayores con dependencia en Cataluña. Cañellas señala que tan sólo el 1,3% de los mayores de 65 años gozan de algún servicio público de atención domiciliaria y agrega que este tipo de prestación, que generalmente no supera las siete horas mensuales, puede considerarse "simbólica".

En Cataluña hay más de 262.000 personas mayores dependientes, de las que 175.000 lo son en alto grado. El síndic destaca la necesidad de dar prioridad a la atención domiciliaria no sólo para dar respuesta a las preferencias de los ancianos, sino también como una vía para "moderar la demanda de plazas residenciales", que generalmente resultan más caras.

Clases medias desatendidas

Una mayor cobertura en atención domiciliaria también reduciría la carga que soportan las familias -muy especialmente las mujeres- en el cuidado de sus ancianos y facilitaría el acceso de esta prestación pública a las clases medias, que, en opinión de Cañellas, sufren "un inadmisible vacío asistencial" a pesar de que son las que "contribuyen básicamente a la sostenibilidad del Estado de bienestar". Sus niveles de renta son demasiado altos para beneficiarse de los servicios públicos, pero no alcanzan para costearse una alternativa en el sector privado, señala el defensor del pueblo catalán, que reclama la revisión de los criterios de acceso a los servicios sociales para que éste sea universal y no se castigue a las clases medias.

La atención "informal", prestada por familiares o trabajadores no dados de alta en la Seguridad Social, representa el 85% de la asistencia a los ancianos en su domicilio. Más de las dos terceras partes de los empleados en este sector, muchos de los cuales son inmigrantes sin papeles, trabajan en la economía sumergida.

La escasez de residencias también castiga a las familias con rentas medias, ya que los ancianos con menos recursos tienen prioridad para acceder a una plaza. El síndic lamenta que la "insuficiencia de personal, relacionada con las limitaciones financieras", no garantiza una correcta calidad del servicio que se presta en las residencias, sobre todo teniendo en cuenta que los ancianos que ingresan en ellas son cada vez de edad más avanzada y, por tanto, requieren cuidados más especializados.

Cañellas apuesta por universalizar los servicios a las personas mayores dependientes, aunque aconseja buscar fórmulas de copago (contribución económica de los usuarios) para hacer sostenible el sistema.