Ciudadanos sin papeles

Aún en nuestros días existe una franja creciente de población que se ve privada de los derechos que caracterizan la ciudadanía. La situación de los derechos y las libertades de las personas inmigrantes, los verdaderos extranjeros hoy, y en particular de las personas en situación administrativa irregular, en torno a un millón de personas, es desoladora. No se respetan ni los principios éticos mínimos, se manejan constantemente argumentos xenófobos y se violan numerosos derechos humanos.

El frágil avance que supuso inicialmente la aprobación de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 ha quedado anulado por las posteriores reformas legislativas, y muy en particular por la más reciente Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre. Así se ha llegado a institucionalizar la discriminación y exclusión, pretendidamente justificadas por razón de la nacionalidad del sujeto administrado. Ni la persona ni sus derechos fundamentales cuentan cuando se trata de inmigración. Esa desconsideración afecta a derechos fundamentales económicos, sociales y culturales. Es, en definitiva, un estatuto de "apartheid legal", en el que las garantías jurídicas y derechos fundamentales quedan mermados hasta hacerlos irreconocibles, y en el que esos sujetos cuentan sólo como herramientas de trabajo, no como personas.

Por todo lo cual me sumo a muchas otras personas en el empeño de exigir ya de una vez la regularización inmediata de todos los inmigrantes que se encuentran en situación de irregularidad administrativa; el reconocimiento de la igualdad de trato con los nacionales, incluidos los derechos políticos para los residentes a partir de los tres años; y el respeto a la autonomía local prohibiendo del uso policial de los datos del padrón municipal y respetando el derecho fundamental a la vida privada y familiar.