Los jueces han concedido 554 órdenes de protección para maltratadas en cinco meses

Cada día, una media de 4,6 mujeres se dirigen a un juzgado para pedir una orden de protección ante una situación de maltrato. Entre agosto y diciembre, la suma total ascendió a 711, de las que 554 fueron concedidas, según hizo público ayer el Consejo General del Poder Judicial. Estas medidas pueden suponer desde el alejamiento del agresor (463), a la adjudicación del domicilio (123), la custodia de los hijos (144) o prohibición de comunicación al cónyuge (118). La Comunidad Valenciana ocupó en 2003 el cuarto lugar en número por muertes violentas.

El mayor número de medidas acordadas por los jueces son órdenes de alejamiento: 463 del total de 554 órdenes de protección a las víctimas de la violencia doméstica dictadas entre agosto -fecha de su puesta en marcha- y diciembre, lo que indica que en el 83,5% de los casos en los que la mujer acude en busca de amparo, los tribunales establecen la imposibilidad del agresor de acercarse a la víctima.

Cuestión distinta es la existencia de medidas adecuadas para garantizar la seguridad de estas mujeres. Las asociaciones de mujeres han denunciado que aún hoy no se ha cumplido la promesa de crear una brigada policial con 500 agentes destinados a vigilar a los agresores con órdenes de alejamientos dictadas. De hecho, señalan que en la ciudad de Valencia, con unos 220 agresores en esta situación, apenas hay una decena de policías destinados a esta función para cubrir a 21 mujeres, que se eligen desde el propio cuerpo policial en virtud de la peligrosidad del agresor.

En total, desde la entrada en vigor de la medida hasta diciembre, en la Comunidad Valenciana se acordaron 554 órdenes. Por cada una de ellas se pueden dictar diversas medidas, civiles o penales. De las primeras, en los cinco meses se acordaron 386 entre atribuciones de vivienda (123); custodias, visitas y comunicaciones con los hijos (144); prestaciones de alimento (109); o protecciones del menor para evitar peligros o perjuicios (10). Respecto a las penales, por detrás de los alejamientos se encuentran las órdenes privativas de libertad (10), prohibiciones de comunicación (118) y prohibiciones de volver al lugar -domicilio, lugar de trabajo- (91). Por provincias,, Valencia se situó en primer lugar con 328 órdenes solicitadas y 249 acordadas. Por detrás está Alicante (302 y 234) y Castellón (81 y 10).

La orden nació de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acordada a finales de julio por la que los jueces de instrucción de guardia están habilitados a tomar estas medidas de protección en un plazo máximo de 72 horas. Las civiles tienen una aplicación máxima de tres meses y las penales se revisan al celebrarse un juicio rápido, en 15 días. A estas medidas se pueden acoger mujeres maltratados por sus parejas o ex compañeros, pero son aplicables también a menores o progenitores maltratados. En la Comunidad Valenciana murieron en 2003 nueve mujeres víctima de la violencia, y fue la cuarta autonomía en número de fallecidos.