El dilema de Salomón

La decisión judicial anunciada ayer, que anula el acuerdo del consejo de administración de RTVV para privatizar la gestión de Canal 9, refuerza la tesis del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Una tesis que, lejos de apostar por la necesidad de privatizar, concibe los medios audiovisuales de titularidad pública como una pieza esencial para la modernización de la sociedad valenciana. Pese a ello, Camps se ha limitado hasta ahora a mantener en Canal 9 el statu quo heredado de las dos legislaturas anteriores en las que el presidente regional del PP y ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha impuesto sus criterios sin objección alguna.

Tras la crisis abierta entre Francisco Camps y Eduardo Zaplana en julio de 2003 -cuando uno de los diputados afines al ministro de Trabajo pidió en público la dimisión del consejero de Presidencia, Alejandro Font de Mora- ambos acordaron implícitamente que el ministro mantendría su influencia sobre Canal 9 hasta pasadas las elecciones generales del próximo 14 de marzo, mientras que el jefe del Consell se conformaría provisionalmente con adoptar las decisiones sobre Ràdio 9. Una decisión convalidada por la convicción de que Zaplana debía contar con el apoyo del principal instrumento mediático valenciano en la campaña electoral para obtener unos resultados que interesaban a ambos.

Sin embargo, en esta decisión salomónica quedaban pendientes los recursos interpuestos por sindicatos y oposición contra el proceso de privatización de RTVV. Unos recursos que amenazaban con seccionar uno de los dos modelos televisivos defendidos por Zaplana -la privatización de la gestión, incluyendo informativos- y Camps -la defensa del carácter público y la potenciación de un nuevo modelo que primase la valencianización, la difusión de las tradiciones y la cultura valenciana-. El fallo de ayer, que es recurrible, frena el modelo impulsado por Zaplana y otorga credibilidad al argumentario esgrimido por el portavoz de Esquerra Unida, Joan Ribó, al interpelar a Camps sobre la privatización de Canal 9. El 16 de octubre pasado, en las Cortes, el presidente de la Generalitat se escudó en el papel de los técnicos que estudiaban las ofertas presentadas al concurso de privatización publicado en el DOGV para no pronunciarse sobre la bondad del proceso. Y ante la insistencia de la interpelación, Camps añadió: "No es un proceso de privatización, sino de externalización de algunos elementos de la producción".

Ribó en tono premonitorio anunció: "Si no van a llevar adelante este mecanismo me parece muy bien, pero si no se atreven a decirlo nos parece muy grave". Luego, el portavoz de EU añadió que el actual candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, le había dicho a una diputada de Izquierda Unida que el proceso de privatización de Canal 9 era ilegal según la ley estatal del Tercer Canal. Por ahora, así es.