¿Se atreverá Rajoy?

No es novedad que Televisión Española no tenga previsto, en principio, organizar debates electorales entre los candidatos: nunca los ha organizado; cuando los hubo, en 1993, se celebraron en dos cadenas privadas. Tampoco es novedad que su dirección se haya curado en salud diciendo que sólo los acogerá si los partidos se ponen de acuerdo sobre los participantes: una condición de casi imposible cumplimiento. Y dista de ser nuevo que tales planteamientos coincidan con la estrategia del partido del Gobierno, que prefiere una campaña de perfil bajo, pendiente de no cometer errores. De acuerdo con esos criterios, tampoco es del todo novedoso el anuncio de que las entrevistas a los candidatos se emitirán por la segunda cadena, es decir, donde tengan menor repercusión (su audiencia media fue del 6% en enero).

La teoría dice que, en general, quien parte como favorito no tiene interés en arriesgar su posición en un debate cara a cara. Pero ese criterio partidista es contrario al interés de los electores por conocer de manera contrastada -sometida a crítica- lo que ofrecen los candidatos. Rajoy dice que el PSOE carece de programa económico, y Zapatero afirma que la reforma fiscal del PP carece de credibilidad. ¿Por qué no lo debaten en público; precisamente en los medios públicos? No es lo mismo la yuxtaposición de discursos, sin réplica posible, que el debate en directo, con argumentos contradictorios. Por eso los debates electorales en televisión forman parte de la tradición de muchos países democráticos, y suelen estar regulados por ley.

Aquí no lo están, y la Junta Electoral no puede suplir esa laguna con instrucciones que obliguen a los partidos. Pero ha expresado su opinión favorable a los debates como "instrumento para posibilitar el contraste de las ideas y entre las distintas opciones electorales". El PSOE propuso en octubre reformar en ese sentido la ley electoral, estableciendo como criterio de participación haber obtenido en las anteriores elecciones un minimo del 10% de los votos. Esa condición sólo la cumplirían ahora el PP y el PSOE, pero en las anteriores elecciones también la habría cumplido IU.

El criterio puede parecer discutible, pero es un criterio. Lo que no tiene justificación es emboscarse en la falta de acuerdo de terceros para rehuir lo que es un deber, si no legal, democrático: favorecer la información de los electores. Lo cual es algo diferente a propaganda, aunque TVE tenga dificultades para distinguirlas y haya sido condenada por ello. ¿Será capaz Rajoy de hacerlo por convicción democrática, aunque sus asesores le digan que no le conviene? Eso le daría más credibilidad que cualquier discurso.