Punto final a los cuarteles de Sant Andreu, refugio de los 'okupas'

Punto final a una de las okupaciones más prolongadas y sonadas de Barcelona. El desalojo por orden judicial acabó ayer con más de dos años de ocupación de los antiguos cuarteles de Sant Andreu de Barcelona, propiedad del Ministerio de Defensa. Del millar de habitantes que el recinto llegó a albergar el año pasado, en su mayoría inmigrantes en situación irregular, ayer apenas quedaba un centenar. Algunos se marcharon por su propio pie y otros 68 se acogieron al dispositivo de realojo habilitado por el Ayuntamiento de Barcelona, que se ha hecho cargo de los ocupantes españoles y comunitarios -23 personas-, y Cruz Roja, que ha alojado en pensiones a 45 inmigrantes extracomunitarios sin papeles que podrán acogerse posteriormente a un plan de inserción social.

Los cuarteles dejaron de funcionar como instalaciones militares en 1995. Desde esa fecha, paulatinamente, personas sin techo e inmigrantes en situación irregular se fueron refugiando en unas inmensas instalaciones: 50.000 metros cuadrados a cada lado del paseo de Torras i Bages. Pero el boom de la ocupación de los cuarteles se produjo hace dos años, siguiendo el ritmo de crecimiento de la población inmigrante sin papeles y, en cierto modo, el auge del movimiento okupa internacional. En 2003, los edificios que conformaban los cuarteles de Sant Andreu llegaron a estar ocupados por un millar de personas en condiciones más que precarias, sobre todo higiénico-sanitarias. Esa realidad, y los problemas de seguridad en la zona, pusieron en pie de guerra a buena parte de los vecinos de Sant Andreu, que reclamaban insistentemente el desalojo de las instalaciones y su reconversión en espacios para el barrio y la ciudad.

El Ayuntamiento de Barcelona reiteró a Defensa que instara judicialmente el desalojo de los cuarteles. Mientras, se puso en marcha un sistema de acogida y atención a los ocupantes que optaron por abandonar las instalaciones. Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia número 37 dictó sentencia y en diciembre pasado dio un mes de plazo para el desalojo. La orden se ejecutó ayer.

A las nueve de la mañana, 30 furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía rodearon los cinco edificios que quedaban en pie, ya que parte de las instalaciones se fueron derribando desde el verano pasado. Piso por piso, sala por sala, unos 200 agentes antidisturbios invitaron al centenar de habitantes a marcharse. Muchos fueron sorprendidos por los golpes en las puertas cuando todavía dormían. En pocos minutos, tuvieron que recoger sus enseres y abandonar los edificios desconcertados y quejándose por la rapidez con la que transcurrió todo.

"Podrían haber avisado con unas horas de antelación para darnos tiempo a hacer las maletas", exclamaba un inmigrante mientras tiraba del carro de supermercado en el que acababa de meter sus cosas.

El desalojo se produjo sin incidentes y no hubo detenciones, aunque los habitantes fueron identificados por la policía.

Fuentes del Ayuntamiento señalaron que ahora, tras el desalojo, se acabará de concretar un convenio entre el Ministerio de Defensa, el propio consistorio y el consorcio de la Zona Franca para los futuros usos de los dos grandes solares que ocupan una superficie similar a la de 10 manzanas del Eixample barcelonés. En ellos se ubicarán viviendas -de mercado libre y públicas-, equipamientos y actividad terciaria.