Destituido el presidente de una empresa de la Zona Franca

La Junta de la empresa de catering Quality Food, participada mayoritariamente por la Zona Franca de Cádiz desde finales de 2003, destituyó ayer a su presidente, Manuel García Gallardo, por "supuestas irregularidades". Una auditoría alerta de la desaparición de casi tres millones de euros de los fondos de esta sociedad y de la existencia de una caja B para pagar supuestas comisiones, según informó ayer Diario de Cádiz. Manuel Gallardo negó las acusaciones reflejadas en el informe contable y dijo que los responsables de la Zona Franca conocieron en todo momento su gestión.

La Zona Franca comunicó ayer que, "una vez adquirido el control total de Quality Food [antes disponía del 20%] y tras los impedimentos y trabas impuestas por la antigua dirección, ahora se va a agilizar la investigación sobre posibles irregularidades cometidas por la anterior directiva". La Zona Franca anunció que esperará a tener concluida la auditoría y el informe que se ha encargado a la Abogacía del Estado para dar a conocer todos los detalles al pleno del consorcio.

Quality Food es una empresa nacida en 2001 y dedicada a la preparación y distribución de platos preparados de cocina mediterránea. Tiene entre su cartera de clientes al Ministerio de Defensa y centros hospitalarios y educativos públicos y privados. La empresa fue sancionada el pasado año por la Junta de Andalucía tras el impago a una docente de un curso de formación subvencionado.

Manuel García Gallardo negó ayer en un comunicado la pérdida de tres millones y la existencia de la mencionada caja B. "Mi trabajo ha estado siempre marcado por la transparencia no sólo contable, sino de la propia gestión, de la que ha sido conocedor en todo momento Miguel Osuna [delegado especial del Estado] y los restantes consejeros de la Zona Franca", afirma García Gallardo, quien responsabiliza de estas acusaciones a Osuna.

"No han existido irregularidades", afirmó García, quien aseguró que la Junta de Accionistas celebrada ayer ni los acuerdos adoptados, como su destitución, son "válidos". En este sentido, García Gallardo afirmó que sigue siendo el presidente de Quality Food y anunció que emprenderá acciones legales para "salvaguardar su honor, su gestión y el buen nombre de la compañía".

El diputado socialista por Cádiz José Luis Blanco sumó ayer nuevas denuncias contra la Zona Franca. Blanco aseguró que el delegado especial del Estado incumple la Ley 12/1995 de incompatibilidades de altos cargos del Estado. Según dijo, la norma sólo le permite participar en dos sociedades y, sin embargo, Osuna pertenece como presidente, consejero delegado o miembro del consejo de administración a tres empresas del recinto fiscal (Sogebac, Inmobiliaria Zona Franca y Rilco), a los seis polígonos industriales que auspicia este organismo en Barbate, Tarifa, Algeciras, Los Barrios, La Línea y Cádiz; y a cinco sociedades participadas: Quality Food, Cita Canarias, Parque Comercial Las Salinas, Perumasa y Servicios Documentales de Andalucía. "Queremos saber por qué Miguel Osuna compatibiliza su cargo de delegado con la presencia en numerosos consejos de administración y queremos saber también cuánto cobra en cada consejo", dijo Blanco, quien calculó que Osuna cobra 1.500 euros por cada uno de los 12 consejos anuales de Quality Food.

El PSOE considera que el PP ha creado un "entramado empresarial público" que practica una "competencia desleal con el sector privado" al competir en mejores condiciones gracias a "millonarias subvenciones del Estado".

Para el PSOE, el conglomerado de empresas se ha convertido en una "oficina de empleo para militantes y familiares de cargos públicos del PP, desde ex concejales de Cádiz, San Fernando y Algeciras, hasta hermanos, esposas e hijos de altos cargos del PP".

El PSOE pidió ayer la creación de tres comisiones de investigación en el Ayuntamiento de Cádiz, en la Zona Franca y en el Congreso de los Diputados. También solicitó al Tribunal de Cuentas el informe sobre el anterior delegado y que fiscalice la gestión de Miguel Osuna.

El portavoz municipal socialista, Rafael Román, preguntó por el dinero desaparecido y por el origen y destino de las comisiones reflejadas en la auditoría. Román responsabilizó a la presidenta de la Zona Franca, Teófila Martínez, al Consejo de Administración y, en especial, a Osuna y al secretario de la CEC, Javier Sánchez.