El Ayuntamiento de Cádiz permitió el uso de la academia derrumbada sin saber su estado

El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, cedió y permitió el uso de la antigua academia de artillería, donde se registró un derrumbe el 16 de enero, a varios colectivos sin contar con un informe técnico sobre el estado del inmueble, de propiedad municipal. El derrumbe costó la vida a Manuel Gallardo Selma, de 15 años, e hirió a otros dos menores. El PSOE reiteró ayer que el gobierno local que preside Teófila Martínez fue "negligente", mientras que el teniente alcalde de Urbanismo, José Loaiza, defendió que el Consistorio "no fue responsable" de este accidente.

El pleno municipal aprobó ocho meses antes del derrumbe un convenio que preveía la demolición del edificio. El Ayuntamiento, sin embargo, no agilizó la ejecución del derribo porque los técnicos municipales que inspeccionaron este enclave no "advirtieron riesgo de derrumbe".

Esta advertencia técnica, según se informó ayer en la comisión informativa de Patrimonio, se realizó en diciembre. Hasta ese momento, numerosos colectivos desarrollaron su actividad sin que el Consistorio tuviera un informe técnico sobre el estado del inmueble.

El Ayuntamiento gaditano cedió el uso de estas instalaciones a la asociación de vecinos El Balón y, posteriormente, a la asociación de parados APECA para la explotación de un aparcamiento público y para el uso de algunos de los edificios. Cuando el consistorio autorizó estas actividades, no tenía ningún informe técnico sobre el estado de la zona.

"El caso es que el edificio se cayó, hubo víctimas y el Ayuntamiento sabía que estaba lleno de asociaciones y entidades realizando sus actividades. Hay un tema que nos parece muy grave y es la inexistencia de un informe técnico previo. Sólo hay una visita por parte de los técnicos municipales que, con sólo una observación visual, concluyen que el estado del edificio, aparentemente, era bueno. Eso es lo único que tiene el Ayuntamiento, no hay un informe concreto del conjunto de edificios y eso nos lo han dicho con absoluta claridad", detalló ayer Rafael Román, portavoz municipal del PSOE, quien reiteró que el PP ha cometido una "negligencia clara porque no se adoptaron las medidas para garantizar la zona".

Versión del PP

Los concejales de Patrimonio, José Blas Fernández, y de Urbanismo, José Loaiza, ambos del PP, defendieron la actuación municipal y aseguraron que el Ayuntamiento, "en ningún momento, es responsable de lo ocurrido". "El juzgado que instruye la causa debe decir quién es el responsable", dijo Loaiza. Éste aseguró que los informes avalan que los edificios "no tenían ningún problema de conservación que pusiera en peligro ni la vida ni la integridad de las personas". "Afirmamos que el edificio estaba correctamente", afirmó.

Según explicaron, el 11 de diciembre de 2003, los técnicos del Ayuntamiento visitaron el edificio y aseguraron: "Aparentemente, el estado es bueno y no se aprecia ruina inminente". En el parte de denuncias policiales de ese año, según dijeron, no consta ninguna referida al mal estado del inmueble. Tras el suceso, el 16 de enero de este año, José Loaiza, un técnico y un arquitecto de Urbanismo comprobaron el mismo día que la valla estaba totalmente cerrada y un testigo les aseguró que los tres niños implicados en el suceso saltaron desde la parte del Castillo de Santa Catalina que linda con esa zona. "Cuando uno salta una valla sabe que en ese sitio no debe estar", afirmaron los ediles.

Estos ediles aseguraron que el Consistorio cumplió lo acordado en la comisión de gobierno del pasado 25 de julio, en la que se ordenó, entre otras medidas, el desalojo de la zona. Sin embargo, este desalojo no se completó de manera definitiva hasta el día del accidente. La asociación de ayuda al necesitado Elencrys estuvo desarrollando su actividad con el consentimiento del Ayuntamiento hasta que decidió abandonar el lugar por voluntad propia y no porque recibieran notificación municipal de desalojo.