"Sin golpe de suerte, esto pinta muy feo"

La precariedad laboral se ha instalado también en el mundo de la abogacía. La situación de Álvaro Palacios, de 27 años, es habitual en España, el país con más abogados por habitante del mundo (346 por cada 100.000 habitantes) y el segundo en número de letrados (unos 140.000). Palacios acabó la carrera en la Universitat de València hace un año y desde 2002 trabaja, como colaborador, en un despacho de abogados, mañana y tarde. Como la gran mayoría de los abogados colaboradores, las retribuciones percibidas en el despacho no alcanzan ni de lejos para sufragar los elevados gastos que ocasiona el inicio de la actividad, que saca adelante aprovechando las instalaciones que le ceden y la formación que pilla al vuelo. Con esto no le llega ni para la colegiación, que requiere un desembolso inicial de casi 1.300 euros, a lo que hay que sumar los 32,86 euros mensuales de la mutua. Además, cada año debe afrontar los gastos de renovación de la cuota, unos 400 euros anuales. "La profesión también te exige una determinada presencia. Tienes que comprarte trajes, corbatas, zapatos...", añade Palacios que, pese a los gastos, se siente "muy afortunado" ya que ha recibido

el apoyo necesario en su despacho para soslayar esta situación. Además, participa activamente en casos de acusados del juez Baltasar Garzón y le han dado "toda la confianza para intervenir sobre importantes alijos de droga de más de diez toneladas", remacha. Con todo, su objetivo es "eliminar la dependencia" y montarse un despacho. Y para llegar a esto revela las opciones: "O eres un niño de papá, o tienes que esperar un golpe de suerte, o pinta muy feo".

Pese a definirla como una profesión muy sufrida y clasista -"tener un despacho en la calle Colón es muy diferente a tenerlo en un barrio periférico"- y "denostada", sobre todo en determinadas ramas, como la penal, a la que se dedica, recalca que volvería a estudiar lo mismo por vocación. Actualmente sus ingresos proceden de los partidos que pita como árbitro de primera división de fútbol sala, de la dotación de una beca de la oficina de Erasmus de la Facultad de Derecho y de los casos que atiende compaginándolo en horas de despacho y extras. "Algunos se frustran y abandonan la profesión, que te obliga a sacrificarte personalmente. Yo no puedo soportar ni el alquiler de un piso", denuncia.

A su juicio, no hay visos de mejora a tenor del polémico anteproyecto de ley de acceso al ejercicio de la profesión de letrado y procurador, o MIR para abogados, como algunos la han bautizado, que el PP ha presentado con la finalidad de equiparar la situación española a la de los demás países de la Unión Europea. España es el único Estado miembro donde no existe una preparación obligatoria para ejercer la abogacía. Según el texto, el Ministerio de Justicia expedirá la pertinente acreditación mediante la superación de una prueba de aptitud, que se convocará anualmente. Eso sí, el que apruebe la oposición trabajará gratis, a diferencia del MIR. "¿Pretenden que estemos sin poder ejercer hasta los 29 años?", ironiza insistiendo que el nuevo sistema reducirá la competencia en el mercado al restringir el acceso de nuevos profesionales porque la prueba no tiene carácter retroactivo. En su opinión, los filtros se deberían introducir antes de la carrera y no después.

En el tiempo que le queda estudia Criminología, un título propio de la Universitat de València, y asiste a las clases de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados para acceder al turno de oficio, que le permita asistir gratuitamente a los detenidos que lo requieran. Para obtener el turno se exigen tres años de colegiación y dos en la escuela, cuyos honorarios ascienden a 1.400 euros por curso. La carrera que le dio "las llaves" del ordenamiento jurídico la vivió activamente participando en la representación estudiantil y en un programa Erasmus.