Una alternativa global

La violencia contra las mujeres ha sido y es un instrumento para su dominación. Esa violencia, específica y distinta de otras, es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que ha consolidado la discriminación. La violencia se ha sufrido normalmente en la familia, ha sido tolerada y, salvo casos muy graves y hasta hace poco tiempo, apenas se denunciaba por miedo y vergüenza. Era un tema privado que pertenecía al ámbito doméstico. Hoy podemos decir que este aspecto ha cambiado y que al menos los partidos políticos y los responsables públicos lo consideran una lacra social gravísima, un tema público, y su solución, una prioridad política.

Hay que conseguir que este terrorismo doméstico pase del ámbito privado al público

Es necesario señalar estos extremos en primer lugar, debido a que las soluciones que se barajan ante este grave problema de la violencia contra las mujeres no pueden perder de vista, si quieren ser eficaces, el origen del maltrato. La desigualdad tiene su origen en pautas culturales, sociales y religiosas que perpetúan la condición inferior que se asigna a las mujeres en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Mientras las relaciones entre hombres y mujeres no sean de igualdad de oportunidades y de trato, mientras los estereotipos sigan asimilando y reproduciendo los valores ligados al prestigio y la autoridad con los hombres, y los de dependencia e inseguridad con las mujeres, es muy difícil que acertemos con la mejor fórmula para erradicar esta ignominia social, que a todos debe avergonzarnos.

Por ello, la primera medida, y la clave de todas las demás, es la educación en igualdad, la preparación y la capacitación de las mujeres y el compromiso de toda la sociedad en erradicar la publicidad sexista y la imagen tan pobre que aparece de las mujeres en los medios de comunicación, siempre ligadas a los sucesos o a la prensa rosa, por sus amoríos o matrimonios, y rara vez en los puestos de responsabilidad, autoridad y decisión. Y hay que empezar desde la infancia, la socialización y el uso del lenguaje, que no es neutral tras siglos de dominación y abuso.

Y dicho esto, que incide en el núcleo de la desigualdad y su erradicación y que tiene un gran recorrido -pues requiere un cambio de mentalidad aún mayor del que se ha producido hasta ahora-, hay que plantear qué medidas son necesarias como respuesta inmediata y a corto plazo ante los malos tratos y las agresiones habituales que padecen aún muchas mujeres y que desembocan demasiado a menudo en muertes o lesiones graves e irreversibles, físicas y psíquicas. Hay que distinguir entre respuestas jurídicas, civiles y penales, y respuestas sociales. Entre las penales se imponen la dureza y la tolerancia cero. La violencia no se puede considerar como algo inevitable; no podemos ser comprensivos con el tema, no se puede justificar cómo aún se sigue haciendo. Hay que conseguir de verdad que este terrorismo doméstico pase con todas sus consecuencias del ámbito privado al público, como un asunto que afecta a toda la sociedad, que nos concierne a todos, como un ataque que es a los derechos fundamentales de la persona. En esta dirección va la última reforma del Código Penal, que ha agravado los tipos delictivos y el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Desde el punto de vista civil, la respuesta a día de hoy es deficiente. El proceso es complicado, largo y costoso, por la lentitud de los juzgados en acordar las resoluciones pertinentes y por las propias normas sustantivas que prevén en los casos de ruptura matrimonial, la separación conyugal previa al divorcio. Además, cuando hay hijos, y por tanto visitas y estancias con el progenitor maltratador, no siempre se toman las medidas cautelares que serían aconsejables.

Los datos sobre el aumento de la violencia de género son estremecedores. Todas las estadísticas coinciden en que en la mayor parte de los casos de violencia existe o ha existido una relación de pareja y que las tensiones más graves se agudizan durante la tramitación de los procesos de separación y divorcio, o cuando la mujer decide poner fin al noviazgo o a la convivencia de hecho. De ahí que una prioridad sea dar una respuesta rápida y eficaz a las rupturas de la convivencia. Es necesaria una reforma legal en esta materia, que permita el acceso directo al divorcio, sin el requisito de la previa separación conyugal. Se reclaman también reformas procesales que aceleren los trámites, como puede ser la aplicación de los juicios rápidos a estos temas. Sin duda van a ser necesarios muchos más juzgados que los que existen en la actualidad y, sobre todo, su configuración como juzgados de familia, que incorporan equipos específicos psicosociales, imprescindibles en estos asuntos. Por otro lado, hay que valorar positivamente la aprobación y puesta en marca de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios el pasado 31 de julio de 2003, que pretende unificar los instrumentos de amparo y tutela de forma que "se pueda obtener un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal", y que incluye también medidas de asistencia y protección social.

Podemos decir que en pocos años se ha dado un saldo cualitativo extraordinario. De tolerarse las agresiones a las mujeres y considerarse un tema privado ha pasado a ser un asunto al que se concede un lugar preeminente en la agenda política. Se ha dado el primer paso. Se ha decidido desafiar la tolerancia respecto al tema. Sin embargo, queda mucho por hacer. Hay que dar una alternativa global, integral, que erradique el origen de la violencia, sus causas y las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, así como profundizar en una respuesta jurídica civil y penal unificada y eficaz a los casos cuando se produzcan, sin perder de vista la parte sanitaria y social de atención a las víctimas, que en ocasiones requieren un tratamiento específico de recuperación.

Cristina Alberdi es abogada, especialista en Derecho de Familia y ex ministra de Asuntos Sociales. Esta semana ha sido nombrada presidenta del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.