Los nuevos aires de cambio social

Si el PSOE llegara a gobernar, ¿qué impuestos pagarían los particulares por las ganancias que obtuviesen al vender sus acciones, participaciones en fondos de inversión o inmuebles? Desde que los socialistas anunciaran su intención de "introducir progresividad en el tratamiento de las plusvalías" son muchas las teorías que se realizan para dar respuesta a esta pregunta.

El coordinador del programa económico del PSOE dice que las cuentas públicas podrían cuadrar "con la supresión de algunas deducciones"

La que parece más fiable apuesta por un mínimo exento de 12.000 euros y un tipo del 30% a partir de esa cantidad. La reforma fiscal que, sobre las ganancias patrimoniales, podría poner en marcha el PSOE se asienta, según esta teoría, en dos pilares. Primero, las ganancias conseguidas por la venta de acciones, participaciones en fondos o inmuebles con menos de un año de antigüedad tributarían a los nuevos tipos generales establecidos en el IRPF (en la actualidad, entre el 15% y el 45%). Segundo, las ganancias conseguidas por la venta de estos activos con más de un año de antigüedad dejarían de tributar al actual tipo fijo del 15% para pasar a hacerlo en dos tramos. No habría que pagar impuestos por los primeros 12.000 euros. Todos los importes que superaran esta cantidad pasarían a tributar a un tipo fijo del 30%.

La aplicación de esta teoría fiscal supondría una reducción de la actual carga tributaria (15%) para todos aquellos contribuyentes que anualmente obtuvieran unas plusvalías inferiores a 24.000 euros. De hecho, se abriría un amplio abanico entre el 0% que pagarían los que ingresaran menos de 12.000 euros y el 15% que abonarían quienes exactamente ganaran 24.000 euros. Los particulares con unos incrementos patrimoniales anuales superiores a 24.000 pagarían más impuestos que en la actualidad. A medida que el importe de estas plusvalías aumentara, mayor carga fiscal real soportarían hasta aproximarse al 30% efectivo.

Coeficientes de actualización

Los llamados coeficientes de actualización, coeficientes que se aplican sobre los precios de adquisición de las acciones, participaciones en fondos de inversión o inmuebles para corregir el impacto de la inflación a la hora de calcular las ganancias patrimoniales sobre las que hay que pagar impuestos han ido apareciendo y desapareciendo en los últimos años. En 1990, se aplicaban. En 1991, se suprimieron. En 1996, se recuperaron. En 1999, se eliminaron de nuevo para las participaciones en fondos de inversión y para las acciones. Desde entonces, estos coeficientes tan sólo se aplican para los bienes inmuebles (viviendas, garajes, locales...).

En estos días de cábalas se vuelve a hablar de la posibilidad de que el PSOE los generalice para todos los bienes patrimoniales (acciones, participaciones en fondos e inmuebles) cuando éstos, en el momento de la venta, acumulen más de un año de antigüedad. De ser así, la carga tributaria para la inversión en renta variable o fondos de inversión se reduciría efectivamente al aumentar el precio de adquisición y con ello reducir la plusvalía o ganancia sobre la que pagar impuestos.

Fue el día 10 de enero cuando el Partido Socialista presentó su propuesta fiscal. Unos días antes se hizo público el Documento Marco del PSOE en el que se proponía una mejor educación, una justicia más rápida, una mayor inversión pública...

Para Comisiones Obreras, compaginar ambas promesas no era posible. Así se lo hizo saber su máximo responsable, José María Fidalgo, a José Luis Rodríguez Zapatero y a su equipo económico en la reunión que mantuvieron días más tarde. Entonces, Miguel Sebastián, el coordinador del programa económico del PSOE, aclaró que las cuentas públicas podrían cuadrar "con la supresión de algunas deducciones". Y, de nuevo, llegaron las teorías. ¿Qué deducciones? ¿Las que se aplican en la compra de la vivienda? ¿Las establecidas para los planes de pensiones? Ambas son deducciones de gran calado social que parecen difíciles de recortar. Los planes de pensiones son en la actualidad los únicos productos de ahorro con ventajas fiscales a corto plazo. Por cada 1.000 euros de aportación se consiguen, en función de la situación fiscal de cada contribuyente, ahorros fiscales que pueden oscilar entre los 150 euros y los 450 euros, pues estas aportaciones reducen directamente la base imponible sobre la que se calculan los impuestos a pagar. Cuando los particulares deciden hacer efectivos sus planes de pensiones, si lo hacen en forma de capital, tan sólo pagan impuestos por el 60% del importe rescatado (no hay reducción alguna cuando se cobra en forma de renta periódica).

Planes de pensiones

Si se apuran al máximo las posibilidades de la normativa global, el resultado es que Hacienda llega a financiar los planes de pensiones privados, de forma especial a los particulares de más de 52 años con rentas altas, es decir, con tipos marginales elevados. Al poder realizar aportaciones anuales superiores a 8.000 euros, su ahorro fiscal anual oscila, a tipos del 45%, entre los 4.162,5 euros (el doble si también se dispone de plan de empleo) de los 53 años y los 10.912,5 euros (hasta 24.250 euros) de los 65 años. El resultado es que el total de impuestos ahorrados suele superar con creces los impuestos finalmente abonados. Corregir este desequilibrio puede ser otro de los objetivos del PSOE.

¿En qué dirección? Según los expertos, en una doble: por un lado, imponiendo límites -se fija un tope que no permita en el rescate del plan abonar menos impuestos que los que se han dejado de pagar mientras se suscribía- y, por otro, beneficiando la percepción de las pensiones privadas en forma de renta, estableciendo unas rentas anuales máximas que no estarían sujetas a tributación.