Una mutua de la que es consejero Fabra realiza análisis no autorizados de sida a funcionarios

La Diputación de Castellón, a través de la empresa Unión de Mutuas, de la que es consejero el presidente de la corporación provincial, Carlos Fabra, y en la que trabaja la esposa de éste, Amparo Fernández, realiza análisis de detección del sida (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y de hepatitis C sin contar con la preceptiva autorización personal de cada uno de ellos para someterse a dichas pruebas, según denunció ayer el sindicato CC OO.

La Unión de Mutuas efectuó durante el mes de noviembre de 2003 el reconocimiento médico anual a los funcionarios de la diputación castellonense, con la que mantiene un concierto para la realización de estas pruebas. Los análisis fueron idénticos para todos los empleados con la excepción de quienes prestan sus servicios en el Hospital Provincial, a quienes se les realizó análisis específicos para detectar si estaban infectados por el virus del sida o de la hepatitis C.

Los trabajadores del hospital, sin embargo, no fueron informados en ningún momento de que iban a ser sometidos a estas pruebas y sólo supieron de su existencia cuando recibieron los resultados de los análisis.

Fuentes de CC OO aseguraron ayer que la mutua no procedió en ningún momento a informar previamente a los trabajadores de que se iban a realizar estas pruebas específicas ni, mucho menos, a disponer del permiso de éstos por escrito a someterse a las mismas, por lo que presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y ante la Consejería de Sanidad que, de momento, no ha tenido respuesta.

El Hospital Provincial, que hasta enero de este año dependía de la Diputación de Castellón, tiene una plantilla aproximada de 500 trabajadores de los cuales alrededor de 200, según fuentes sindicales, se sometieron a las pruebas de reconocimiento médicos y, de éstos, 150 fueron examinados acerca del sida y la hepatitis C. Los exámenes sobre VIH se efectuaron "de forma indiscriminada" y "sin atender a un criterio que podamos calificar de objetivo", según el sindicato.

Ante las protestas de algunos trabajadores al recibir los resultados, CC OO presentó una denuncia, el pasado mes de diciembre, ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y otra, en enero, ante la Unidad de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, no han tenido respuesta ni de una ni de otra administración.

CC OO ha denunciado el atentado contra "la intimidad y la dignidad de los trabajadores" en lo que consideran "una grave infracción legal del carácter voluntario con el que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula el derecho del trabajador y la correlativa obligación empresarial de vigilancia de la salud".

Además, el sindicato ha querido resaltar la infracción, por parte de la Unión de Mutuas, del propio código ético de la entidad "donde el respeto a la dignidad del ser humano se erige como principio fundamental que debe regir el comportamiento de la mutua". Tal como han señalado fuentes sindicales, "su certificado de calidad da al traste con actuaciones como la presente que vacían de contenido sus compromisos de ética y buena práctica que enarbolan como bandera de su actuación".

Este periódico intentó ayer reiteradas veces sin éxito contrastar esta información con el responsable de la Unión de Mutuas.