Inversión pública y deslocalización

Todo gobierno, central, autónomo o municipal, tiene la responsabilidad de establecer las mejores condiciones para que empresas productivas se establezcan en su área geográfica de competencia. Si bien es preferible que las iniciativas sean locales, no podemos obviar en un mundo económicamente globalizado que las grandes corporaciones son las que son y que su establecimiento en un territorio determinado aporta riqueza. La economía productiva genera ocupación directa e indirecta en sus proveedores, promueve inversiones, atrae a otras empresas, aporta sus impuestos a una sociedad... A pesar de los límites que los acuerdos internacionales de defensa de la competencia comportan, la Administración puede contribuir urbanísticamente y mediante subvenciones a la investigación y al desarrollo de las compañías que decidan establecerse en una comunidad determinada.

Con las subvenciones se favorece la implantación de empresas que mantienen el PIB y miles de puestos de trabajo

La globalización económica y comercial, así como el afán de lucro que los nuevos criterios bursátiles exigen de forma sostenida, provocan la denominada deslocalización de las industrias. Ejemplos recientes en Cataluña, como los de Lear, Philips y Samsung, han disparado la alarma en la opinión pública; detrás del nombre de cada corporación y de los procesos de despido se esconden centenares de dramas personales y familiares, en muchos casos de difícil superación. Para pocos estas decisiones empresariales pueden suponer una sorpresa, pues son una consecuencia habitual en la lógica neocapitalista actual.

Nuestra reflexión quiere centrarse en un único aspecto, sin minusvalorar por ello la importancia de las demás consecuencias. Según leemos en la prensa, Samsung, por ejemplo, ha percibido un total de subvenciones directas de la Generalitat, "para incentivar la inversión industrial", por valor de 3,47 millones de euros desde 1993. A dichas ayudas deberíamos sumar los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades para investigación y desarrollo (I+D) y otras ayudas, como fueron en su momento las condiciones del suelo público en que se ubicó su fábrica. Es obvio que gracias a ayudas urbanísticas, beneficios fiscales y subvenciones se ha favorecido la implantación de muchas empresas productivas que mantienen el crecimiento del producto interior bruto catalán en el contexto europeo así como miles de puestos de trabajo.

Con todo, ¿y si parte de dichas inversiones se realizase en educación?, ¿y si se invirtiese en formación profesional cualificada? Ello supondría un mayor aliciente para la implantación de industrias de alto valor añadido en nuestro país.

Con 3,47 millones de euros, ¿cuántos puestos de trabajo se consolidarían desde el tercer sector, el de las entidades no lucrativas? Fundaciones, asociaciones y cooperativas vienen creando centenares de puestos de trabajo que revierten en el bienestar ciudadano y en la atención a los más desfavorecidos. Con sumas mucho menores se mantienen talleres para que puedan trabajar personas con discapacidades, porque a pesar de la legislación vigente, mucha industria convencional no incorpora a la plantilla el 2% de personas con disminuciones como la norma vigente requiere. Con el importe de la subvención a Samsung, según un estudio de la Fundación Pere Tarrés, se podría reducir el 20% el coste de los casals d'estiu y las colonias de vacaciones de toda la población catalana de 3 a 12 años durante el mes de julio. Y podríamos citar, por ejemplo, la precariedad de la asistencia domiciliaria a ancianos sin recursos y de tantos otros servicios necesarios y que crean ocupación.

En Cataluña, en concreto en el entorno del nuevo Gobierno, disponemos de economistas, expertos universitarios y asesores económicos suficientemente preparados para fijar priorida-des. A buen seguro conviene mantener el apoyo a la industria global para que se mantenga e implante en nuestro país, pero de ninguna forma se puede olvidar a las entidades sociales sin ánimo de lucro que prestan servicios imprescindibles para la cohesión social y el bienestar ciudadano.

Esa labor la realizan con infraestructuras insuficientes y recursos mínimos, generalizando la prestación de muchos servicios imprescindibles en una sociedad moderna. Confiemos en que ejemplos desafortunados como la marcha de Samsung provoquen reflexiones positivas para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña e incrementen el apoyo gubernamental a las organizaciones no lucrativas generadoras de ocupación en la prestación de servicios sociales.

Josep Oriol Pujol i Humet es director gerente de la Fundació Pere Tarrés.