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De Miguel niega la relación entre violencia de género y revolución sexual

Bienestar Social negociará la ley de rentas mínimas, que debía aprobar en 2003

La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, discrepó ayer de las tesis de la Conferencia Episcopal y manifestó que la violencia doméstica "no tiene nada que ver" con la revolución sexual. Además, tras la reunión del Consell Valencià de Bienestar Social, apuntó que en dos meses se comenzará a negociar con asociaciones, sindicatos y Economía la ley de rentas mínimas, que debía haber aprobado en 2003.

En contra de lo que los obispos sostienen en un documento redactado por la subcomisión episcopal de familia y vida de la Conferencia Episcopal, en la que se considera la violencia doméstica "un fruto amargo" de la revolución sexual, la consejera de Bienestar Social manifestó que son cuestiones totalmente distintas. Tras manifestar que respeta "absolutamente" la opinión de la Iglesia, De Miguel apuntó: "Aunque no sé el análisis por el que se ha podido llegar a esta conclusión, en mi opinión no tiene nada que ver una cosa con la otra y no estoy de acuerdo". "Creo", dijo la consejera, "que la violencia de género proviene de la desigualdad que todavía tiene la mujer en la sociedad y viene del concepto machista de creer que la mujer es propiedad del hombre". Además, añadió, "la única manera de atajarlo es con concienciación, con educación, en igualdad y con medidas judiciales".

Tras la reunión en el Consell Valencià de Bienestar Social, la responsable del departamento señaló que en unos dos meses comenzará a negociar el borrador de la ley de rentas mínimas con las asociaciones, los sindicatos y la Consejería de Economía "para lograr un consenso y que llegue al Parlamento". De Miguel apuntó que el documento elaborado por la consejería no presenta "diferencias importantes" con el borrador redactado por su antecesor, aunque comentó que se está realizando un estudio comparativo con otras autonomías y países, y observando "la realidad social de nuestra comunidad" para ultimar el documento. A este respecto, los sindicatos CC OO y UGT reclamaron que esta normativa -destinada a dotar a los más desfavorecidos de un sueldo mínimo y medidas de inserción- que su antecesor, Rafael Blasco, se comprometió a aprobar el año pasado, se ponga en marcha este mismo año.

En la reunión del organismo consultivo se planteó también la creación de una comisión de seguimiento del plan de atención a la dependencia que proyecta la consejería y la ampliación de nuevas zonas accesibles -tanto parques como jardines-, así como la puesta en marcha el cátering social, destinado a proporcionar alimento a los mayores.

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