El Ayuntamiento modificará las ordenanzas para facilitar el acceso a Internet desde las viviendas nuevas

Las viviendas de nueva construcción tendrán que estar equipadas para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, básicamente Internet. Para lograrlo, el Ayuntamiento de Madrid cambiará las ordenanzas municipales antes de que termine 2004. Un estudio que está realizando actualmente el Consistorio dictaminará qué ordenanzas tendrán que ser creadas o reformadas. Así lo anunció ayer el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, durante la presentación de la Red Mar: 21 centros públicos de acceso a Internet (CAPI) y seis de difusión tecnológica para las empresas. En este proyecto están involucrados el municipio, la Comunidad y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Mientras Ruiz-Galladón inauguraba el centro de San Blas, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, hacía lo propio con el de Usera. No compartieron escenario, aunque ambos hicieron una presentación conjunta por videoconferencia vía Internet. Alcalde y presidenta destacaron la importancia de que todos los madrileños puedan acceder a las nuevas tecnologías de la información "para que no se produzca una brecha tecnológica entre la población", dijo Ruiz-Gallardón. Diferencias que ya se producen en la capital: en el distrito de Salamanca, el 58% de los habitantes es usuario de Internet, mientras que en San Blas o Vicálvaro la cifra baja hasta al 36% y al 25%, respectivamente.

Los CAPI son centros donde los ciudadanos pueden acudir gratuitamente (media hora al día como máximo) para aprender a usar Internet. Esos 21 CAPI (uno en cada junta de distrito) y los centros de formación tecnológica para empresas cuentan, en total, con 177 ordenadores conectados a Internet por banda ancha.

El portavoz socialista de nuevas tecnologías en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, afirma que estos medios son insuficientes: "Ciento setenta y siete ordenadores para más de tres millones de habitantes... Es una broma pesada", declaró ayer.

En cuanto a la financiación del proyecto, la Comunidad ha puesto 1,7 millones y el Ayuntamiento 300.000 euros, de acuerdo con el convenio que firmaron ambas administraciones el pasado octubre. La formación del personal y el material docente ha corrido a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.