Los padres del menor fallecido en el derrumbe de Cádiz también denunciarán al Ayuntamiento

Los padres de Manuel Gallardo Selma, el menor de 15 años que falleció el pasado 16 de enero en el derrumbe de la antigua academia de artillería de la ciudad de Cádiz, anunciaron ayer que presentarán una denuncia contra el Ayuntamiento gaditano y "contra quien pueda tener responsabilidades" en la muerte de su hijo. La familia del joven fallecido sostiene que el Consistorio actuó de manera negligente al no derribar estos viejos cuarteles o, en su defecto, no clausurar y vigilar este recinto para evitar el acceso.

El gobierno local, que preside la alcaldesa Teófila Martínez (PP), ya fue denunciado hace una semana por los padres de Juan Antonio Acosta, el joven que aún se recupera de las numerosas heridas que le produjo este trágico accidente.

Según informó ayer Diario de Cádiz, los padres del fallecido están estudiando con el abogado de la familia a qué administraciones o entidades denuncian porque entienden que "la responsabilidad de esta negligencia, tal vez, no se limite únicamente al Ayuntamiento de Cádiz". A diferencia de los padres del fallecido y del herido de gravedad, la familia de Juan Pablo Rodríguez, quien sólo sufrió heridas leves, ha decidido no emprender ninguna medida judicial.

Los familiares demandantes consideran que el Ayuntamiento debía haber derribado estos edificios o tenía que haber impedido con todos los medios disponibles el acceso a estas instalaciones. Estas medidas preventivas fueron de hecho aprobadas por la comisión de gobierno, presidida por Teófila Martínez, del 25 de julio de 2003, cuando también acordó requerir el desalojo de la zona a todos aquellos colectivos que usaban estas instalaciones "en mal estado de conservación", según alertó en un informe la policía local un mes antes.

Sin embargo, al menos tres asociaciones o colectivos han acudido asiduamente a este lugar tras esa comisión de gobierno. El primer teniente alcalde, Enrique García Agulló, del PP, no respondió a las preguntas sobre la presencia permitida de estos colectivos aduciendo que el caso está siendo investigado por un juez.