La ministra Pilar del Castillo rechaza entrevistarse con el consejero de Enseñanza

El consejero de Enseñanza de la Generalitat, Josep Bargalló, de Esquerra Republicana (ERC), reveló ayer que el pasado lunes la ministra de Educación, Pilar del Castillo, le comunicó por carta que rechaza recibirle. El consejero había solicitado en numerosas ocasiones -por carta y por teléfono- una entrevista con Del Castillo para abordar la aplicación de la reforma educativa en Cataluña. La negativa explícita la recibió Bargalló en la tarde del pasado lunes, en plena tormenta política por la revelación de que el entonces conseller en cap, Josep Lluís Carod Rovira, se había entrevistado con miembros de ETA.

Bargalló explicó que la ministra se ha negado a recibirle personalmente, pero le ha invitado a reunirse con subalternos suyos del ministerio, lo cual el consejero no cree adecuado al cargo que representa. Bargalló, sin embargo, no se da por vencido y ayer anunció que en los próximos días realizará un último intento para ser recibido por Del Castillo por cauces "no oficiales", ya que considera necesario el diálogo entre el Gobierno catalán y el central "en asuntos tan importantes como la aplicación de la Ley de Calidad". El Ministerio de Educación no respondió a la petición de este periódico para que ofreciera su versión del asunto.

Bargalló hizo estas declaraciones en el Parlament, donde realizó su primera comparecencia ante la comisión de Cultura para explicar las grandes líneas de actuación de su departamento. Durante la misma, el consejero anunció que pedirá una moratoria de dos años en la aplicación de la Ley de Calidad el día siguiente al 14 de marzo, "sea cual sea el resultado". El ahora también titular de Deportes, Política Lingüística y Juventud, y nuevo hombre fuerte de Esquerra en el Gabinete catalán, anunció que ha decidido retrasar los conciertos a las aulas de P4 y P5 (cuatro y cinco años) que el anterior Gobierno catalán, de CiU, había aprobado, para acelerar la aplicación de la Ley de Calidad (LOCE).

La LOCE señala que en el plazo de tres años, la enseñanza infantil -de tres a seis años- deberá ser gratuita. Ya lo es en los centros públicos, por lo que la reforma simplemente extiende el concierto educativo al sector privado para garantizar la gratuidad. La normativa indica que a lo largo de los próximos tres cursos se deben concertar las aulas de P3, P4 y P5, pero el anterior equipo de Enseñanza había decidido asumir el proceso en dos años.

El nuevo Ejecutivo ha optado por mantener el calendario que propugna la LOCE. Bargalló argumentó falta de presupuesto, pero también una cuestión de prioridades. "Aunque tuviéramos el dinero para conceder estos conciertos, creemos que hay otras necesidades más urgentes en la escuela pública", como son un plan de choque para la mejora de estos centros, para disminuir el fracaso escolar o favorecer el impulso de terceras lenguas. La Fapel, una de las asociaciones de padres de los centros concertados, lamentó ayer la decisión del consejero, que dijo "no entender".

Énfasis en la equidad

En un discurso con numerosas referencias al concepto de equidad -en la matriculación, en los recursos, entre la enseñanza pública y la privada e incluso en la relación entre los técnicos del departamento y el profesorado-, el consejero desgranó otros proyectos en marcha, como el decreto de admisión de alumnos, la cogestión de los centros entre la Administración autonómica y la municipal y la necesidad de aprobar la ley de guarderías a raíz de la Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 80.000 firmas para forzar una nueva política para los menores de tres años.

Respecto a proyectos del anterior departamento, como el Plan de Choque 2001-2004, Bargalló avanzó que, hasta la fecha, el anterior Gobierno sólo ha construido 14 de los 32 centros habilitados totalmente en barracones, y calculó que, hasta septiembre de 2004, el nuevo departamento finalizará la obra de otros 13, por lo que quedará pendiente la construcción de otros cinco centros.

Sobre las plantillas de profesorado, el consejero se comprometió a incrementarlas con 1.630 nuevos profesores -1.130 para primaria y 500 para secundaria-, "como mínimo, para cubrir las necesidades más urgentes", y señaló la voluntad de negociar un acuerdo de estabilidad para los profesores interinos, que representan el 15% de la plantilla. Otra medida que anunció es "dar un golpe de timón"a la Formación Profesional para que cubra las necesidades laborales, en colaboración con el Departamento de Trabajo y las propias empresas.