600 denuncias en Barcelona por 'mobbing' inmobiliario

600 quejas en cuatro meses. Todo un indicador de la problemática del mobbing inmobiliario (las presiones que sufren algunos inquilinos para dejar sus viviendas) que existe en no pocos cascos antiguos de la ciudad de Barcelona, especialmente en algunos barrios de Ciutat Vella, como el Raval y el Casc Antic. Del total de quejas recogidas, unas 250 podrían considerarse propiamente como mobbing porque se ejerce presión o coacción al inquilino. El Ayuntamiento ha creado un servicio específico de información a través de la Oficina de Información al Consumidor (OMIC).

Una llamada al 010, un comentario en alguna de las oficinas de los distritos. Los canales han sido diversos pero desde el mes de octubre pasado, cuando el pleno del Ayuntamiento de Barcelona decidió crear un servicio de atención a las personas que creen ser víctimas del mobbing, no han parado de llegar quejas. En el distrito de Ciutat Vella, algunas de las denuncias han sido formuladas directamente a su concejal, Carles Martí, con la demanda expresa de que interviniera.

El fenómeno de las presiones a los inquilinos que pagan rentas bajas -la mayor parte de ellos personas mayores con contratos indefinidos- no es actual pero se ha acentuado en los últimos 10 años. Lo han hecho en paralelo a los cambios legislativos, como la llamada Ley Boyer, que supuso la actualización de los alquileres y el fin de los contratos indefinidos, y el auge del negocio inmobiliario. Y otro factor: la realidad de una inmigración en situación irregular dispuesta a compartir viviendas.

Jordi Portabella, segundo teniente de alcalde del consistorio y responsable del área de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Barcelona, insiste en que el fenómeno no sólo debe ser atendido por las oficinas municipales porque "afecta a muchos organismos". De hecho, desde esa oficina -situada en el número 43 de la Ronda de Sant Pau y con la dirección www.omic.bcn.es- se han derivado algunos de los casos expuestos al Servicio de Orientación Jurídica y al Colegio de Administradores de Fincas.

A partir de la puesta en marcha del servicio dentro de la OMIC -que estará dirigido por una letrada adscrita por el Colegio de Abogados de Barcelona- se actuará o se facilitará información a los interesados. Algunas de las quejas presentadas no son estrictamente debidas a presiones o coacciones, sino a dudas acerca de la corrección de los recibos de alquiler, señalaron fuentes municipales.

En cualquier caso, la problemática del mobbing se acentúa en fincas antiguas, en las que hace tiempo que no hay el más mínimo mantenimiento, o cuando la propiedad se niega a hacer obras de mejora o ni siquiera las autoriza.

Otras formas de presionar al inquilino -y sobre todo de generar una situación de inseguridad y angustia- es la negativa a cobrar el alquiler para después instar el desahucio por falta de pago, notificaciones incorrectas o bajo amenazas, aumentos abusivos de la renta o planteamientos de venta a precios desorbitados.

Algunas de esas fórmulas se han dado, de forma alternativa, en varias fincas de la calle de Robador, junto a la recién reformada Rambla de Raval, y con frente a un inmenso solar que se convertirá en un complejo hotelero y comercial en los próximos años.

Por ejemplo, varios vecinos del número 33 de esa calle optaron por depositar el aquiler de varios meses en una cuenta judicial ante la imposibilidad de pagarlo a la propiedad. Parecidos problemas tienen inquilinos de fincas en el Casc Antic.