Peinando los vientos
Andalucía emplea diez años en ordenar la ubicación y viabilidad de los parques eólicos
Hace ya más de 20 años que Tarifa (Cádiz) se convirtió en una de las pocas zonas que, a escala europea, servían de laboratorio para estudiar las posibilidades de la energía eólica. Allí se instaló, en 1981, el primer aerogenerador del país (un prototipo español de 100 kilovatios de potencia, hoy desmantelado), al que siguieron otros muchos molinos que, con el paso de los años, acabaron por convertirse en una de las señas de identidad de esta franja del litoral gaditano.
De aquel centenar de kilovatios se ha pasado a los más de 160 megavatios instalados en la actualidad en el conjunto de la comunidad autónoma, aunque Tarifa y su entorno sigue concentrando la mayor parte de la producción de este tipo de energía limpia. La ausencia de criterios ambientales a la hora de ejecutar los parques gaditanos trajo como consecuencia una multiplicación desordenada de los mismos.
Los aerogeneradores invadieron terrenos de gran valor natural, causaron interferencias en las rutas migratorias de las aves, provocaron el tendido caótico de líneas eléctricas, alteraron ciertos paisajes singulares, multiplicaron la contaminación acústica y, al final de su vida útil, sembraron de chatarra algunos enclaves.
El impacto ambiental de algunos parques eólicos llegó a tal extremo que importantes sectores del movimiento ecologista y conservacionista, defensores a ultranza de este tipo de energía, terminaron por cuestionar la bondad de estas inversiones.
Aquellas críticas sirvieron para que, en 1994, se iniciaran los primeros estudios encaminados a ordenar, desde el punto de vista ambiental, el desarrollo de esta fuente energética en la comarca del Campo de Gibraltar, una tarea compleja a la vista de las posturas enfrentadas que mantenían los diferentes colectivos implicados, desde las propias industrias del sector hasta los correspondientes ayuntamientos, pasando por un nutrido grupo de movimientos ciudadanos.
Prueba de que el camino era tortuoso son los 10 años que han debido transcurrir para completar, a escala regional, este proceso. A mediados del pasado mes de diciembre se presentaban los mapas eólicos de Córdoba, Huelva y Jaén, las tres provincias que faltaban para concluir el análisis de todo el territorio andaluz desde la perspectiva de su capacidad para albergar parques eólicos.
El que este trabajo se haya dilatado a lo largo de una década no ha supuesto la paralización de todos los proyectos en marcha, pero sin duda ha frenado la expansión de este tipo de fuente energética.
Andalucía, debido a éste y otros factores, ha perdido su liderazgo en el sector, pasando del primer puesto que ocupaba en 1992 a situarse en un discreto séptimo puesto en el conjunto de las comunidades autónomas españolas. Dicho de otra manera, hace 12 años la producción andaluza de energía eólica representaba el 72% del total español, mientras que hoy apenas alcanza el 3%, y se coloca a enorme distancia de comunidades como la gallega, en donde ya se han superado los 1.300 megavatios instalados.
Los mapas eólicos, elaborados de manera conjunta por las consejerías de Medio Ambiente y Empleo y Desarrollo Tecnológico, no son documentos vinculantes, por lo que tan sólo ofrecen una orientación a los promotores. En este sentido no sustituyen a las preceptivas evaluaciones de impacto ambiental ni a las licencias que los ayuntamientos deben estudiar en cada caso, pero sí que marcan zonas donde la instalación de aerogeneradores no plantea grandes problemas ambientales y enclaves, frágiles y valiosos, en los que se descarta la ubicación de estas infraestructuras.
El número de proyectos en trámite de aprobación es sorprendente, ya que la suma de todos ellos corresponde a una potencia total cercana a los 14.000 megavatios, es decir, ochenta y cinco veces la potencia instalada en la actualidad. Es obvio que la ejecución de este ingente volumen no parece razonable a corto plazo, pero tampoco puede afirmarse que son las cautelas ambientales las que impedirán esta avalancha.
El porcentaje de territorio apto para recibir instalaciones de este tipo es, a la vista de los mapas eólicos, elevado en la mayoría de los casos. Situados sobre dicha cartografía alrededor del 70 % de los proyectos son factibles, en un arco que va desde el 83 % de proyectos aceptables en la provincia de Sevilla hasta el 66 % que se registra en Granada.
sandoval@arrakis.es
Energía sin salida
Andalucía, por sus características orográficas y climatológicas, presenta unas excelentes condiciones para el aprovechamiento energético del viento. Además de comarcas clásicas, como la del Campo de Gibraltar, hay otros muchos enclaves en la región capaces de aportar un mínimo de 2.500-2.600 horas de viento al año, umbral que suele marcar la rentabilidad de un parque eólico.
Pero con ser el fundamento de esta fuente energética, el viento no lo es todo. De poco sirve producir electricidad, en cantidades apreciables y a un coste razonable, si no hay posibilidad de conducirla a la red de distribución. En muchas de las zonas rurales que aspiran a albergar este tipo de equipamientos las redes eléctricas y centros de transformación no tienen capacidad suficiente para evacuar la potencia aportada por los aerogeneradores, con lo que la inversión carece de sentido.
La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico trabaja en cinco zonas, que comprenden territorios de las ocho provincias andaluzas, en dónde se concentran un buen número de proyectos eólicos y en las que hay que organizar la evacuación de la energía producida. En total, la potencia eólica proyectada en dichas zonas roza los 9.000 megavatios, mientras que la capacidad de evacuación real no alcanza los 2.500 megavatios.
Por ejemplo, en la zona denominada Huéneja, que comprende una veintena de municipios granadinos y siete de la provincia de Almería, se han presentado 39 proyectos de parques eólicos con una potencia total de 1.442 megavatios, mientras que la capacidad de evacuación de las redes eléctricas apenas puede soportar en la actualidad unos 375 megavatios.
A estos factores hay que sumar una cuestión decisiva a la hora de hablar de cualquier fuente energética renovable, el sistema de apoyo a los precios por parte de la Administración. El viento seguirá siendo rentable en tanto reciba primas suficientes para competir, de manera ventajosa, con otros recursos menos limpios.
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