Los sindicatos demandan mejoras en la educación a inmigrantes y preescolares

La atención al creciente alumnado inmigrante, la ampliación de la oferta educativa para menores de tres años y la construcción de escuelas públicas en nuevos barrios como Las Tablas o Sanchinarro. Para CC OO y UGT, éstas deberían ser las prioridades del futuro pacto por la mejora de la escuela madrileña, que sustituirá al vigente de 1999 a 2003. El consejero de Educación, Luis Peral, está de acuerdo con ese diagnóstico de necesidades. Pero a partir de ahora deberá negociar con sindicatos, patronales de la enseñanza y padres de alumnos para consensuar un nuevo plan de actuaciones.

Peral, que inició ayer las negociaciones para el nuevo pacto por la mejora educativa reuniéndose con representantes de CC OO y UGT, destaca que el anterior acuerdo fue "muy positivo" para la escuela madrileña. "Trajo la paz social al sector educativo y ayudó a afrontar retos como la llegada de numeroso alumnado inmigrante", matiza.

"Las necesidades de 1999 no eran las mismas que las actuales; así, en estos cuatro años, el número de alumnos de otros países se ha multiplicado por cuatro; cada vez existe más demanda de plazas de preescolar y hay barrios de creciente creación, tanto en la capital como en otros municipios, en los que hacen falta nuevas escuelas", añade el consejero.

Los representantes sindicales también destacan la "eficacia" del anterior acuerdo, pero puntualizan que para firmar uno nuevo "es necesario que el Gobierno regional realice un importante esfuerzo económico". Y, por ahora, ni siquiera la Consejería de Educación sabe de cuánto dinero dispondrá para este fin.

Un posible escollo en estas negociaciones son los criterios dispares que mantienen el Gobierno y otros representantes de la comunidad educativa, como los sindicatos, sobre la concertación de plazas escolares en centros privados. Francisco García, responsable de enseñanza en CC OO-Madrid, explica que ni ellos ni UGT están de acuerdo con la política del PP de abrir nuevas plazas de preescolar para menores de tres años a través de conciertos con centros privados o facilitando a los padres un cheque escolar para que paguen el centro infantil que deseen.

"Creemos que la obligación de la consejería es garantizar la existencia de plazas públicas y en eso discrepamos de la opinión del consejero, quien habla de la necesidad de concertar plazas privadas en los nuevos barrios para que los padres puedan elegir", argumenta García.

Peral cree, sin embargo, que esa dicotomía entre lo público y lo privado "es impropia del siglo XXI". "El vecino de Fuenlabrada no decide si viene a Madrid en tren o en autobús en función de si el vehículo es de Renfe o de una empresa concertada; lo que busca es una calidad y unos precios homologados", replica.

Fracaso y absentismo

Los sindicatos creen que el nuevo acuerdo debería incluir medidas para combatir el fracaso y el absentismo escolar; para garantizar que no sea sobre todo la escuela pública la que atienda a los niños con mayores problemas de aprendizaje, y para extender la gratuidad de los libros de texto.

También, según su criterio, tendría que potenciar la mejora de las condiciones laborales y de la formación del profesorado en asuntos como la interculturalidad o los problemas de convivencia. Reclaman, asimismo, la implantación de la enseñanza bilingüe y de las aulas informáticas en los centros.

El anterior acuerdo por la calidad de la enseñanza pública fue firmado en 1999 entre el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, también del PP, cuando era consejero de Educación Gustavo Villapalos, y 16 asociaciones del sector (patronal, sindicatos, padres de alumnos...). En él, el Ejecutivo regional se comprometía a destinar 131.000 millones de las antiguas pesetas a la mejora del sistema educativo.

Cinco años después hay cuestiones, como el número de escolares inmigrantes, que se ha disparado. Ahora en la región están matriculados 87.425 hijos de inmigrantes entre los 3 y los 16 años (un 12% del total de alumnos de esas edades) frente a los 25.049 que había cuando se firmó el anterior pacto educativo.

Por otra parte, aunque la escolarización de los chavales de tres a seis años está garantizada, existe una creciente demanda insatisfecha de plazas para menores de tres años. Según datos facilitados por las organizaciones sindicales, alrededor de 22.000 niños se quedaron este curso sin plaza en las aulas para menores de tres años en las escuelas infantiles públicas