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La Generalitat reta al Gobierno y sube la pensión a 135.000 viudas

El incremento será del 3,8%, medio punto por encima de la inflación catalana

La Generalitat catalana ha retado de nuevo al Gobierno central al mantener para 2004 las ayudas que complementan las pensiones de viudedad más bajas incrementándolas además el 3,8%, medio punto por encima del IPC catalán. Pese a que una ley del Ejecutivo del PP aprobada en 2003 impide a las autonomías mejorar las pensiones no contributivas, Anna Simó, consejera de Bienestar Social, expresó ayer su "firme voluntad" de mantener el pago de estas ayudas por entender que "entran dentro de las competencias de la Generalitat".

El departamento que dirige Anna Simó prevé que el número de beneficiarios de estas ayudas alcance a unas 135.000 personas, 15.000 más que en el ejercicio de 2003. Para 2004, la cuantía del complemento es de 300 euros, que suponen un aumento del 3,8% respecto a los 289 euros que se pagaron en el pasado ejercicio.

El pago de estas ayudas ya desató el año pasado un duro enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno del PP. El pasado verano, la anterior consejera de Bienestar Social, Irene Rigau (CiU), hizo caso omiso a un requerimiento que el Gobierno central le formuló para paralizar los pagos que el Ejecutivo catalán había anunciado para mejorar la situación económica de las viudas con las pensiones más bajas.

El Gobierno central mantuvo un pulso con la comunidad andaluza en 1998, cuando la Junta de Andalucía aprobó una ayuda para los beneficiarios de las pensiones no contributivas de la que se beneficiaron 100.000 andaluces.

A pesar de que el Tribunal Constitucional reconoció en febrero del año pasado el derecho de la Junta andaluza a complementar estas pensiones, el PP se valió de su mayoría absoluta en el Congreso para aprobar en noviembre, con los votos de Coalición Canaria, una ley que impide que las comunidades autónomas puedan mejorar las pensiones no contributivas. La normativa estatal pretende dejar claro que el régimen público de Seguridad Social es una competencia exclusiva del Estado, el único que puede decidir bajar o subir todas las pensiones, las contributivas y las no contributivas.

Por contra, la Generalitat cree que esta compentencia es suya. Ahora, la nueva titular del Departamento de Bienestar Social catalán ha desafiado al Gobierno del PP. Ayer, Simó expresó su firme voluntad de mantener los pagos de los complementos a las viudas que cobran menos e incluso de subir el importe de las ayudas para garantizar que "ninguna pensión esté por debajo del salario mínimo interprofesional", actualmente fijado en 460,5 euros.

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