El Defensor del Pueblo investiga si son legales las tarifas de los teléfonos móviles

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación con el objetivo de que se clarifique el sistema de facturación de las compañías de telefonía móvil y que los usuarios paguen sólo por el tiempo que verdaderamente consumen. Las tres operadoras del mercado español (Telefónica Móviles, Vodafone y Amena) cobran el primer minuto completo de una llamada aunque el cliente no agote ese tiempo y sólo a partir de ese minuto cobran en segundos. La asociación de consumidores Facua estima que estos redondeos supusieron unos ingresos extra de unos 1.117 millones de euros en 2002.

La institución presidida por Enrique Múgica, que ha iniciado la investigación de oficio, ha requerido información a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), órgano regulador del sector, sobre los sistemas de tarificación. Con los datos que recopile, emitirá una recomendación. Aunque los dictámenes no son vinculantes, cerca del 80% de sus consejos son aceptados por las Administraciones públicas.

Se trata de analizar si el actual sistema se ajusta a la ley o si se realizan prácticas abusivas. "La facturación de segundos de conversación que los usuarios no han consumido supondría el desarrollo por parte de las compañías de telefonía de una actividad contraria a la Ley 26 / 1984, de 19 de julio, de la General para la Defensa de los Consumidores", aseguró ayer la oficina del Defensor del Pueblo, que hace tres meses llevó a cabo otra importante iniciativa al pedir la intervención pública para abaratar el suelo.

Desde que se extendió la telefonía móvil en España, a mediados de los noventa, las compañías facturan el primer minuto de una llamada, independientemente de que se haya agotado ese tiempo. Sólo a partir del primer minuto se cobra por segundos. En el caso de los contratos de prepago (el cliente abona con antelación el coste de sus llamadas), después del primer minuto se cobra en fracciones de 30 segundos que también se pagan en su integridad se haya consumido o no ese tiempo. La práctica, una especie de establecimiento de llamada similar al de la telefonía fija, ha sido siempre objeto de duras críticas por parte de las organizaciones de consumidores.

Así, Telefónica Móviles cobra por una conexión de un minuto entre 0,07 (tarifa reducida) y 0,23 euros (horario normal) en una llamada a fijos y móviles MoviStar o MoviLine (oferta Plus Elección); y entre 0,12 y 0,45 euros si la misma llamada se realiza a un móvil de otra compañía.

Ciencia y Tecnología indicó ayer que "estudiará cualquier reclamación o denuncia por incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio a los usuarios y tomará las medidas oportunas en cada caso". En la misma línea, fuentes de la CMT manifestaron que atenderán la petición del Defensor.Con similar prudencia reaccionaron las compañías. Fuentes de las operadoras coincidieron en señalar que respetan la decisión del Defensor del Pueblo y que esperaran el resultado de la investigación antes de emitir una valoración, mientras aseguran que la norma general en Europa, salvo algunas promociones puntuales, es cobrar un mínimo por llamada.

Las tarifas de telefonía móvil, al contrario de lo que sucede con las de telefonía fija, no están sujetas a regulación por parte de la CMT. Están totalmente liberalizadas. La única obligación de las compañías es comunicar al organismo los cambios en sus precios con 15 días de antelación.

Desde la liberalización de las telecomunicaciones, en 1998, el sector ha ido adoptando medidas de cara a acercar la factura al consumo real del cliente. En fija, la entrada de Retevisión, en diciembre de ese año, marcó un hito, ya que comenzó a facturar por segundos, frente a los tradicionales pasos empleados por Telefónica. Sin embargo, todavía se resiste el llamado coste por establecimiento de llamada, aunque muchas compañías lo han eliminado o reducido.

Una polémica similar a ésta se originó hace unos meses con el sistema de cobro de los aparcamientos públicos cuyos clientes tienen que pagar, en ocasiones, dos horas por tener el coche aparcado una hora y cinco minutos, por ejemplo. El Ministerio de Sanidad y Consumo, que considera esta práctica abusiva, presentó en octubre pasado una demanda ante los juzgados de primera instancia de Madrid para evitar la práctica de facturar el tiempo de utilización de los garajes por hora o fracción.