La Generalitat pagó 5,2 millones por un terreno para la cárcel que meses atrás fue vendido por 1,3

Los terrenos que compró el Instituto Catalán del Suelo en Sant Joan de Vilatorrada (Bages) destinados a la construcción de una prisión se habían revalorizado considerablemente en los meses inmediatamente anteriores a la operación. Una empresa de Manresa dedicada a la compraventa de terrenos adquirió tres fincas por un valor conjunto de 1,3 millones de euros y las vendió al Instituto Catalán del Suelo por 5,2. Se trata de una finca rústica, sin posibilidades de aprovechamiento industrial o para vivienda.

El solar adquirido por el anterior Gobierno catalán, supuestamente para la cárcel, se encuentra en un área interesante desde el punto de vista medioambiental, que los ayuntamientos de la zona pretendían proteger.

La operación la firmó el Ejecutivo catalán sin informar al municipio afectado, ni a los líderes políticos de la comarca del Bages, a finales del mes de julio, pero no se ha conocido hasta el presente mes de enero. El precio que pagó está muy por encima de los 6.000 euros por hectárea, que es el valor de expropiación de suelo rústico que usa la Generalitat, y de los 18.000 euros por hectárea que se puede pagar en la zona por un buen terreno. El Incasol pagó 124.000 euros, un precio que ni los ayuntamientos ni técnicos independientes entienden que se pueda considerar de mercado.

El Instituto Catalán del Suelo adquirió el terreno tras un acuerdo entre el consejero de Política Territorial del momento, Felip Puig, y la consejera de Justicia, Núria de Gispert, poco después que Flora Sanabra, cabeza de lista por CiU en las útlimas elecciones en Igualada, anunciase que el Gobierno catalán había desestimado la construcción de un centro penitenciario en Òdena, cerca de Igualada.

La operación urbanística se realizó entre enero de 2002 y mayo de 2003. En este periodo, la empresa Activitats i Territori, SA, compró los terrenos a una firma, Molí 3, SL, de Manresa, y a un propietario particular, Xavier Gallifa, que está vinculado también a la empresa Molí 3. Los primeros terrenos los adquirió a un precio de 29.300 euros y los últimos ya se pagaron a 100.000 euros. Pero incluso tratándose de un precio muy elevado, la operación aún se revalorizó el 20% en el momento de venderlos al Incasol, tan sólo un mes después.

Felip Puig, portavoz parlamentario de CiU, declinó hacer cualquier comentario sobre la operación. El responsable de Activitats i Territori, Ricard Torras, ha indicado que vendió al precio de la oferta que le hizo la Generalitat, sin conocer qué uso tendría la finca en cuestión.

Los ayuntamientos de Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor y Sant Fruitós de Bages piensan actuar conjuntamente y oponerse al proyecto. El de Manresa, de momento, se mantiene al margen. El actual Gobierno de la Generalitat, por su parte, no se ha pronunciado sobre la actuación económica de sus predecesores, aunque sí ha garantizado un proceso transparente y responsable hasta determinar si finalmente se construye en Sant Joan esta prisión. De momento, encargará un estudio de viabilidad. El centro sería, en parte, el sustituto de la Modelo de Barcelona. El anterior Gobierno había previsto unas instalaciones para un número de entre 1.200 y 1.400 reclusos.