Dos ONG piden a los ayuntamientos que recurran la Ley de Extranjería

Las ONG Andalucía Acoge y Pro Derechos Humanos (Apdh) iniciaron ayer en Cádiz y en Jerez una campaña, que se extenderá por el resto de Andalucía, para pedir a los ayuntamientos que se dirijan a la Junta y al Defensor del Pueblo para que recurran el nuevo texto de la Ley de Extranjería. Ambas organizaciones creen que esta normativa es "inconstitucional".

La reforma de la ley recoge la devolución a sus países de origen de aquellos inmigrantes que pretendan entrar ilegalmente en España, lo que conlleva la prohibición de entrada en territorio español por un plazo de tres años como máximo. "Esto es una medida sancionadora", explican las asociaciones, "que no tiene posibilidad alguna de audiencia ni contradicción por parte de los extranjeros, lo cual vulnera de forma flagrante los artículos 24 y 105 de nuestra Carta Magna".

El artículo 24 recoge que todas las personas "tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". El 105 regula "la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten".

La reforma también prevé que los ayuntamientos tengan que dar a la policía los datos del padrón municipal si ésta los solicita. "Esto vulnera el derecho a la intimidad de las personas", explicó ayer Rafael Lara, coordinador de Apdha. "Esos datos son reservados, y no se pueden dar sin una resolución judicial". Ambas asociaciones piden a los ayuntamientos que rechacen las peticiones de cesión de datos del padrón municipal a otras administraciones públicas, "excepto si así lo ordenase una resolución judicial".

Lara asegura que muchos inmigrantes dejarán de empadronarse por miedo a ser expulsados. "El padrón acerca a los inmigrantes a muchos derechos sociales, como la vivienda, la sanidad o la educación". Derechos Humanos y Andalucía Acoge creen que unos 800.000 inmigrantes podrán perder estos derechos por miedo, "con lo que se convertirían en ciudadanos de tercera categoría".