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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Europa y el tráfico

La Comisión Europea prepara una carta de la seguridad vial con la que pretende lanzar un debate sobre la silenciosa sangría de los accidentes de tráfico, que se cobra cada año la vida de 50.000 ciudadanos de la Unión. Es evidente que cualquier catástrofe natural o provocada que produjera un efecto comparable suscitaría medidas drásticas de las autoridades, con el apoyo decidido de los ciudadanos. Sin embargo, suele ser un asunto del que sólo se habla, y como por rutina, al final de los éxodos vacacionales o cuando llegan las estadísticas de fin de año.

En éste que ahora comienza ha habido la novedad de las comparaciones entre países; sobre todo en relación al descenso de víctimas en Francia o Italia, donde se ha producido un endurecimiento de las medidas punitivas. Diversos expertos han advertido sobre la dificultad de hacer comparaciones lineales, dado que los sistemas de medición no son homogéneos, pero la evolución de los datos de cada país sí permite sacar conclusiones (no definitivas) para el conjunto.

En Francia el sistema de control por radar con multa de cobro automático e inmediato por medios electrónicos parece haber resultado más disuasorio contra el exceso de velocidad que todo lo ensayado anteriormente. El resultado ha sido una reducción de infracciones y accidentes del 21%. Las autoridades presionan ahora a las compañías de seguros para que adapten sus tarifas a esa reducción del riesgo. En Italia se considera clave en el resultado la introducción del carnet por puntos, una posibilidad que en España fue considerada y desechada en su día.

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Seguramente también inciden factores culturales. La más baja tasa de siniestralidad se produce en los países nórdicos, el Reino Unido y Alemania, cuyas sociedades interiorizan el respeto a la ley de una forma que no se da en los países mediterráneos. En España, el 80% de los conductores admitía en una encuesta haber conducido bajo los efectos del alcohol y un 95% de los que reconocían haberse saltado alguna vez los límites de velocidad lo consideraban "normal".

Del conjunto se deduce un panorama según el cual sería tan simplista desplazar toda la responsabilidad a los poderes públicos como que éstos se desentendieran de las suyas en materias como el estado de la red viaria, la existencia de medios alternativos para los grandes desplazamientos estacionales y la preocupación no tanto por cambiar la ley como por hacer que se cumpla.

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