Urbanizaciones a la deriva

Todo empezó en la década de 1970, con una excursión en autobús desde Badalona, Cornellà o cualquier otro enclave de la zona metropolitana de Barcelona. El punto de destino era un bucólico paraje, en plena naturaleza, en el que debía construirse una moderna urbanización, al alcance de las clases trabajadoras, para disfrutar de los fines de semana. Un picnic al aire libre, unos dibujos, una maqueta y la calle central de la urbanización con algunas farolas fueron reclamo suficiente para convencer a muchos.

El sueño pequeñoburgués se transformó en pesadilla al cabo de poco tiempo, cuando las empresas promotoras suspendieron pagos, cambiaron de nombre o, simplemente, se esfumaron sin dejar pistas. Los propietarios se quedaron con urbanizaciones a la deriva, inacabadas, sin servicios esenciales y con problemas estructurales que todavía perduran. En muchos casos, son ahora los hijos de esos primeros propietarios quienes, apegados a un paisaje y a unas casas en las que disfrutaron de una infancia feliz, encabezan un arduo intento de normalizar sus propiedades.

En ocasiones, las compañías se niegan a dar servicio por falta de rentabilidad

Los propietarios pagan unos impuestos que no siempre revierten en la mejora de la zona

Francisco L. Bonatti, abogado especializado en estos litigios, asegura que estas urbanizaciones son una rémora del desarrollismo franquista que nadie se ha preocupado de regular. Cuando los proyectos se quedaron a medio hacer, los propietarios tuvieron que constituirse en las llamadas juntas de compensación, un organismo que debe gestionar la urbanización hasta que todos los servicios estén concluidos y sus respectivos ayuntamientos las acepten como integrantes de pleno derecho de su término municipal.

"Los problemas empiezan cuando los propietarios se dan cuenta de que nunca se acaban de poner al día con las exigencias de la Ley del Suelo", asegura Bonatti. Además, estas juntas no tienen recursos ni voluntad suficiente para llevar a buen puerto la gestión. "Los ayuntamientos tampoco tienen ningún interés en asumir la urbanización. Les cobran el IBI, pero ese dinero no revierte en la urbanización, sino que engorda las arcas municipales", afirma el letrado. No obstante, el incremento de los vecinos empadronados en estas urbanizaciones está empezando a cambiar la visión municipal. "Antes no había votos y ahora sí", destaca Bonatti.

La urbanización Montbarbat de Maçanet (Selva) es un claro ejemplo de las desavenencias y problemas legales que proliferan en estas comunidades. La asociación Pitbillers, presidida por María de la Torre, tiene como objetivo conseguir que el Ayuntamiento se haga cargo de la gestión. Han presentado una querella contra los gestores de la junta de compensación y han pedido incluso a la fiscalía que tome cartas en lo que consideran una gestión opaca y sin rendir cuentas. "El Ayuntamiento se lava las manos y no vigila la gestión de la junta", lamenta De la Torre. El problema, en este caso, no es tanto la falta de servicios como su imparable degradación a causa de una escasa inversión. "Las calles están en mal estado, llenas de baches, y parece que nunca hay dinero para reparar nada", asegura María de la Torre. De las 1.013 parcelas que preveía el proyecto inicial de la urbanización, se han levantado la mitad.

La reclamación de los servicios básicos es otro de los empeños de estos núcleos. El presidente de la asociación de propietarios de Riuclar de Massanes (Selva), Javier Duque, se ha enfrentado a las grandes compañías. Telefónica y Correos se cuentan entre sus victorias, y ahora le toca el turno a Repsol. Las reclamaciones a Telefónica se iniciaron hace unos tres años, cuando la compañía se negaba a extender el tendido y denegaba todas las peticiones de teléfono. Al final se estuvo a punto de llegar a los tribunales, pero la compañía cedió y está extendiendo la red. Con el servicio de Correos pasó algo parecido. La compañía exigía a los propietarios que recogieran sus cartas en el pueblo, a unos siete kilómetros, aunque ya se ha pactado concentrar los buzones en la entrada de la urbanización. La siguiente lucha será para conseguir el suministro de bombonas de butano, como mínimo cada 15 días. Los vecinos lo consideran esencial porque no disponen de gas ciudad.

Otro objetivo es la conexión a la red de suministro de agua. En los veranos más cálidos, el único pozo de la urbanización sólo da para una hora de suministro al día. La Agencia Catalana del Agua (ACA) sólo les paga una parte de las obras de conexión, que podrían superar los 240.000 euros, y la asociación de propietarios de Riuclar confía en que dentro de tres o cuatro años el consistorio asuma la gestión de la urbanización y se adapte a las nuevas exigencias: iluminación, mejora de la red de saneamiento, soterramiento de líneas eléctricas o una depuradora.

Pero los propietarios caen en el desánimo cuando parece que siempre van un paso atrás de lo que les exige la ley. "Nuestro proyecto tenía aceras de un metro, pero la nueva normativa las exige de tres metros. Y así con muchas otras cosas", lamenta Duque.

Los vecinos también demandan más seguridad ante el riesgo de convertirse en un refugio de las mafias, atraídas por el escaso control y los bajos precios de las viviendas. El hastío ante las dificultades ha hecho que algunos propietarios admitan que han considerado incluso la posibilidad de entrar directamente en política. "A veces hemos pensado en unirnos todas las urbanizaciones de Maçanet y formar un partido político, pero nunca hemos dado el paso", admite Maria de la Torre.

Son escasas las urbanizaciones que en los últimos años han conseguido que su ayuntamiento se haga cargo de la gestión. A partir del año próximo el consistorio de Vidreres disolverá la junta de conservación de la urbanización Aiguaviva Park, que pasará a formar parte del pueblo. Aunque se trata de una urbanización prácticamente terminada y en buen estado deja atrás años de manifestaciones, disputas, cargas policiales y litigios.