Ediles en el banquillo

El Partido Popular y el PSOE no pueden presumir precisamente en la provincia de Cádiz de tener a todos sus ediles inmaculados por sus respectivas gestiones. Algunos están imputados por algunas de las decisiones adoptadas desde las alcaldías. Dos regidores populares -Juan Carlos Juárez, de La Línea, y Juan Rodríguez, de Sanlúcar- están imputados como presuntos autores de varios delitos.

Juan Manuel de Jesús, de Barbate, también del PP, no está afectado directamente, pero gobierna con un grupo independiente que se enfrenta a varios procesos judiciales.

En el bando contrario, el alcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, del PSOE, también se enfrenta a una imputación.

Tanto populares como socialistas llevan varias semanas utilizando estos procesos judiciales para intentar minar la imagen y la credibilidad de sus oponentes.

PP y PSOE han solicitado sin éxito la dimisión de los alcaldes afectados

A los casos se ha sumado la demanda de un vidente contra un edil por impago

De la denuncia más reciente fue objeto el 27 de diciembre del 2003 el alcalde de Sanlúcar, el popular Juan Rodríguez. La Guardia Civil presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 por unos hechos que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación.

Según el atestado de los agentes, el primer edil mandó a la Policía Local que ordenara a los responsables del depósito municipal de vehículos la entrega de dos motocicletas requisadas horas antes por la Guardia Civil a a dos jóvenes porque no tenían la documentación reglamentaria.

El edil, que conocía al padre de uno de los conductores, ordenó la liberación de estas motos desautorizando a la Guardia Civil y sin que sus propietarios presentaran la citada documentación obligatoria. El alcalde ha preferido guardar silencio sobre esta denuncia, pero el PSOE ha aprovechado este episodio para acusar al alcalde de actuar como si estuviera en el "viejo Oeste y creyera que la ley es él".

Sonada ha sido la noticia del juicio que se desarrollará contra Juan Carlos Juárez, antes del GIL y ahora del PP, a quien el Juzgado número 3 de La Línea le ha imputado por un presunto delito de prevaricación por haber contratado "supuestamente de forma ilegal" a 157 personas en el Ayuntamiento. Este caso obligó al alcalde linense a dimitir como presidente del PP en el Campo de Gibraltar. El mismo juzgado ha admitido recientemente una querella del PSOE contra Juárez por supuesta malversación de fondos públicos derivada de las presuntas irregularidades difundidas en el informe de la Cámara de Cuentas de 2002.

El tercer alcalde popular en discordia, Juan Manuel de Jesús, no está denunciado directamente, pero gobierna gracias al pacto con el Partido Barbateños Unidos (PBU), cuyo portavoz, Jesús Marín Ariza, está imputado como antiguo dirigente del GIL de Marbella por una operación urbanística. Ha protagonizado además recientemente un episodio surrealista tras ser denunciado por el vidente Radhú, que le acusa de impago de la mitad de los servicios de magia satánica que le contrató para que fuese elegido como concejal en las elecciones. Asimismo, el PSOE ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue la financiación del PBU en la pasada campaña electoral porque sospecha que fue apoyado ilegalmente por Antonio Sampietro, antiguo presidente de la ciudad autónoma de Ceuta por el GIL, y por algunas empresas inmobiliarias.

La dirección del PP de Cádiz se ha defendido de estos tres casos atacando al PSOE por la imputación de uno de sus hombres fuertes: el alcalde de Los Barrios, vicepresidente de la Diputación y vicesecretario provincial socialista, Alonso Rojas.

Este dirigente declaró el 15 de diciembre del año pasado en el Juzgado mixto número 5 de Algeciras imputado como presunto autor de un delito de malversación de fondos públicos por la venta, supuestamente irregular, de unas vacas a la empresa municipal Iniciativa Los Barrios. Según consta en la denuncia, esta enajenación de reses se produjo "sin que mediara concurso público y sin que conste ingreso en las arcas municipales".

PP y PSOE han cruzado peticiones de dimisiones sobre estos alcaldes, sin que ninguno de ellos haya ni tan siquiera amagado con asumir responsabilidades hasta que se resuelvan sus imputaciones.