Marcha atrás

El proyecto de seguridad ciudadana de Esperanza Aguirre, una de las ofertas estelares del programa electoral del PP para las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid, ha concitado un aluvión de críticas de tal magnitud y se ha enfrentado a tantos problemas materiales para su aplicación que la presidenta regional no ha tenido más remedio que aparcarlo, puede que definitivamente. Aguirre pretendía estirar al máximo las competencias autonómicas para plantear la creación de unas llamadas Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, las Bescam. Se trataba de poner en las calles de los municipios madrileños a 2.500 nuevos policías municipales y, posteriormente, sumarles 3.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos ellos con un solo uniforme, diferenciado del resto de cuerpos, y con sueldos superiores a los del resto de sus compañeros.

Pero la negativa del Ministerio del Interior a sumar a sus agentes a las Bescam, la división abierta en el propio Ejecutivo autónomo por la inoportunidad del plan y las críticas recibidas desde la oposición de izquierda, pero también y con gran intensidad, del PP, han dejado reducido el proyecto a una mera línea de financiación de medios y personal para la seguridad municipal.

El plan suponía recortar competencias tanto a los alcaldes como a Interior. Además, dejaba entrever que el nuevo servicio iba a ser un germen de una nueva policía autonómica, que rompía el actual modelo policial y creaba desigualdades territoriales, con policías de comunidades ricas y otras de autonomías pobres. Este planteamiento llevó al Ministerio del Interior a rechazar las ideas de Aguirre y sembró el disgusto en las filas del PP, contrario a que ninguno de sus miembros ofrezca sólo la impresión de que rompe la cohesión del Estado.

El detonante del fin ha sido la previsible pugna que iba a mantenerse entre Interior y el Gobierno regional, dirigidos ambos por un partido que presume de cohesión y unidad. Aguirre se ha visto forzada a dar marcha atrás, en un primer y sonoro fracaso en su recién estrenada presidencia de la Comunidad madrileña. Puede ser un buen aviso, para todos, de que las promesas electorales -y la creación de las Bescam era una de ellas- sólo sirven si luego se pueden cumplir.