Esperanza Aguirre retira su plan policial para Madrid tras un aluvión de críticas

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha visto obligada a frenar y dar marcha atrás en su proyecto estrella de seguridad, la creación de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam). El aluvión de críticas que ha recibido, sobre todo de miembros de su Gobierno, del PP y del Ministerio del Interior, llevó ayer a Aguirre a "reconducir" la propuesta de crear un nuevo servicio policial mediante la suma de 2.500 agentes municipales y 3.000 nacionales. Ahora sólo ofrece dinero a los alcaldes para que contraten más policías.

Las Brigadas Especiales fueron una de las promesas estrella de Aguirre en la segunda campaña electoral, la que la llevó a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La propuesta inicial era crear dichas brigadas con 2.500 policías locales, es decir, sufragar con dinero del Ejecutivo regional el aumento de las plantillas policiales en los pueblos para dedicar los nuevos agentes exclusivamente a tareas de seguridad ciudadana. Junto a esta promesa, anunciaba en su programa electoral la llegada a Madrid durante la legislatura de 3.000 nuevos miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, una medida que ya estaba prevista en el Plan de Lucha contra la Delincuencia aprobado por el Gobierno central.

Pero cuando la promesa hubo que hacerla realidad y fue anunciada desde el Ejecutivo autónomo el pasado 8 de enero, se mezclaron ambas propuestas y empezaron a surgir recelos en miembros de su propio Gobierno y del PP y en responsables de Interior. Alfredo Prada, vicepresidente segundo del Ejecutivo regional y consejero de Justicia e Interior, anunció entonces que se trataba de crear un servicio policial nuevo -no una policía autonómica-, con la suma de agentes nacionales y municipales, que, además, cobrarían 40.000 euros al año, casi el doble que un policía nacional. Además, explicó que tendrían uniforme propio, que estarían bajo mando de los alcaldes de cada municipio y que la comunidad se reservaba un papel de coordinación.

El primer golpe al proyecto vino de la mano de Ángel Acebes, ministro del Interior, quien aseguró que no tenía la menor intención de poner sus policías a las órdenes del alcalde. El segundo llegó de los sindicatos policiales, que amenazaron con movilizaciones si se creaba una nueva tabla salarial y se abría una división entre policías de comunidades ricas y policías de comunidades menos pudientes. El tercero llegó cuando Prada, ya en precampaña electoral para las generales, fue rectificando sobre la marcha todo el proyecto y lo redujo, el jueves, a "una iniciativa experimental".

Fue entonces cuando los críticos al proyecto de las filas del PP llevaron sus quejas hasta Aguirre. Y ésta decidió ayer dar marcha atrás, durante una cumbre de seguridad convocada en la sede del Gobierno regional, a la que no acudieron ni el ministro del Interior ni el delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui. "Esto no es ni un nuevo modelo policial, ni un embrión de una policía autonómica. Es un modelo experimental, pero ni siquiera está cerrado; no queremos quitar competencias a nadie, sino aportar dinero a quien las tiene", dijo.

En la práctica, supone que en lugar de crear una unidad nueva llamada Bescam, simplemente se va a aportar financiación para que los alcaldes, en el ámbito de sus competencias, contraten más policías locales para dedicarlos sólo a tareas de seguridad ciudadana. Y, además, ahora la idea va a pasar a manos de la Federación Madrileña de Municipios para que elabore un proyecto en el plazo de tres meses. "Si lo que se ofrecen son sólo recursos, entonces ya no hay confusión ni se trata de un nuevo modelo policial", apostilló ayer Acebes.