La Junta exige una revisión "a fondo" del traspaso de la Justicia

Hermosín destacó ayer que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) supondrá para Andalucía un sobrecoste de 10,5 millones de euros. A esta cantidad, según Hermosín, hay que sumar los 60 millones que la Junta viene exigiendo al Ministerio de Justicia por distintos conceptos.

El Gobierno andaluz entiende que la aprobación de nuevas leyes por parte del Gobierno, como la LOPJ o la Ley del Menor; la creación de nuevos órganos judiciales en estos siete años; la instauración de los juicios rápidos y los flecos pendientes de 1997 elevan el déficit de traspaso de esta competencia a 70 millones de euros. Por este motivo, Hermosín demandó ayer una "revisión a fondo" del traspaso que cerró con el Ministerio de Justicia.

La consejera afirmó que en su demanda "no hay nada extravagante" puesto que hay comunidades que sí han recibido dinero del Gobierno por la creación de nuevos órganos judiciales. Además, lamentó que se hayan aprobadas leyes que "no han venido" con su correspondiente dotación económica.

Hermosín afirmó que la reforma de la LOPJ, que ayer entró en vigor, "ha perdido la oportunidad de sacar una norma más acorde con el Estado de las Autonomías" ya que el PP introdujo en el Senado más de 100 enmiendas que cambiaron el proyecto consensuado con los Gobiernos autonómicos.

La consejera centró las críticas en que los secretarios judiciales y otros elementos organizativos quedan fuera de la supervisión de la Junta y que el Ministerio sigue teniendo las competencias sobre el personal en materia de oposiciones. El traspaso de esta competencia establece que la Junta tiene competencias sobre la previsión de los medios personales (funcionarios) y materiales de los órganos judiciales.

Hermosín recordó que la reforma de la LOPJ prevé una subida salarial media de los funcionarios de justicia (6.000 en la comunidad) del 9%, lo que obligará a la Administración autonómica a afrontar un pago de 10,5 millones de euros. En este sentido dijo que "se ha perdido la oportunidad de vincular la subida salarial a una mayor productividad".

La consejera valoró algunos aspectos de la reforma, pero también criticó otros, como la "proliferación de instancias" y las numerosas instituciones con competencias sobre la administración de Justicia (los ayuntamientos por los Juzgados de Paz; las comunidades autónomas; el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial).