La Generalitat ultima la investigación por la muerte de un preso por supuestas torturas

El Departamento de Justicia de la Generalitat está ultimando la investigación oficial por la muerte de un recluso por supuestas torturas en la prisión de Brians, ocurrida el pasado día 4. Las conclusiones podrían estar listas el próximo viernes y afectan a un mínimo de cuatro funcionarios. Un recluso ha declarado ante el juez que investiga los hechos que el fallecido fue apaleado.

El esclarecimiento de la muerte de José Manuel Valencia Jorge, de 36 años, es el primer obstáculo que se le ha planteado al nuevo secretario general de Servicios Penitenciarios, Albert Batlle. Y no es un reto fácil, por la confusión y las versiones contradictorias que caracterizan estas muertes. También en este caso. Un testigo de los hechos ha relatado que sobre las 22.00 horas del 4 de enero, Valencia se enzarzó en una pelea con otro recluso, L. E. M. J., en la celda 203 del departamento de psiquiatría. Varios funcionarios acudieron a separarlos y sacaron a Valencia de la celda, sin que en ese momento tuviera ningún moretón ni otro signo de violencia en el cuerpo, de acuerdo con estas fuentes.

Un preso que presenció los hechos ha explicado ante el juez que, tras ser sacado de la celda, Valencia fue esposado por los funcionarios y cayó al suelo, donde le propinaron toda clase de golpes. A continuación, según este testigo, fue conducido a una celda de aislamiento, donde fue atado de pies y manos y supuestamente continuaron los golpes. Media hora después, el preso presentaba magulladuras en el cuerpo, explica otro testigo, y falleció al poco tiempo. El director de la prisión acudió a Brians al conocer los hechos y avisó al juez de guardia. El forense certificó que la muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio.

Condena por asesinato

La versión de los funcionarios, explican otras fuentes penitenciarias, es muy distinta, hasta el punto de asegurar que las heridas que presentaba el preso se las produjo en su disputa con el otro interno. El recluso fallecido cumplía condena por asesinato y estaba en prisión desde 1989. Estas mismas fuentes aseguran que se trataba de un enfermo psiquiátrico, corpulento y con un coeficiente intelectual muy bajo, que se encaró directamente con los funcionarios y que eso les obligó a usar las porras y las esposas.

Esta versión de los funcionarios recuerda también que el informe preliminar de la autopsia revela que las lesiones que se le apreciaron al preso no fueron la causa de su muerte, pero no explican si presentaba contusiones en otras partes del cuerpo. Las mismas fuentes recordaron que los tres funcionarios implicados jamás se han visto involucrados en hechos similares. Tres militan en UGT y uno en CC OO.