Portugal, más de un año bajo sospecha

Portugal preparó el fin de año con una noticia aparentemente tranquilizadora: el fiscal del Estado, Souto Moura, anunciaba el 29 de diciembre el final de la investigación del caso Casa Pia, la institución educativa más importante del país sometida a la sospecha de que cientos de alumnos huérfanos fueron sometidos a prácticas sexuales por parte de personalidades relevantes de la sociedad portuguesa. Moura anunció la acusación formal contra 10 de los 13 imputados, la mayoría de los cuales están en la cárcel desde hace meses y entre los que sobresalían el número dos del partido Socialista (Paulo Pedroso), el presentador de televisión más famoso (Carlos Cruz), un ex embajador ante la Unesco (Jorge Ritto) y un conocido humorista (Herman Jose).

Existe la sombra de un final sin castigo para un caso terrible

Han surgido muchas dudas sobre el rigor de la investigación del caso

Un mes antes de la fecha prevista, la justicia cumplía con los plazos marcados. Se había interrogado a 600 personas. Todos los pormenores del caso descansan en los casi 13.000 folios, 60 volúmenes y 136 anexos del sumario. Después de algo más de un año de rumores y sospechas que se cernían sobre la clase política y la sociedad portuguesa, todo parecía quedar limitado a 10 acusaciones. Se descartó asimismo la existencia de una red criminal, aunque se abrían otras 14 investigaciones separadas. El país podía descansar de un asunto que había monopolizado la opinión pública. Pero con el año nuevo llegaron los fuegos artificiales.

El fin de la investigación supuso, tal y como es el sistema judicial portugués, el comienzo de la instrucción y, por tanto, el acceso al sumario y la posibilidad para los abogados defensores de contrastar las pruebas y conocer los detalles de la investigación. Llegó la hora de saber qué es lo que se había investigado. Las noticias no se hicieron esperar, a pesar del secreto sumarial. Y ya el día de año nuevo el Jornal de Noticias, el periódico de mayor difusión, anunciaba que en el sumario figuraban una serie de cartas anónimas que involucraban como presuntos pederastas nada menos que al presidente de la República, Jorge Sampaio, y al comisario europeo y candidato a presidir la Comisión, Antonio Vitorino. Otros diarios se hacían eco de la mención como sospechosos de Ferro Rodrigues, actual secretario general del Partido Socialista; Jaime Gama, ex ministro de Exteriores socialista, y dos ex futbolistas, Chalana y Carlos Manuel. Estas sospechas no fueron elevadas a imputaciones porque, entre otros detalles, estos supuestos actos pederastas habían prescrito. El propio presidente tuvo que salir al paso de las noticias publicadas para aludir a la necesaria sensatez de la justicia y de los medios de comunicación.

La caza del pederasta volvía a estar servida. Los aludidos no pueden defenderse porque no existe ninguna acusación en su contra, ni tampoco querellarse porque no conocen quién les acusó. Algunas redacciones de medios informativos hervían a la búsqueda de apellidos conocidos relacionados con el caso. Circulaban listas. Se recordaba como proféticas las palabras de la actual directora de la institución, Catalina Pestana, quien llegó a decir que cuando Portugal conociese los nombres de los implicados se produciría "un terremoto". Y los analistas se preguntaban espantados cómo era posible que unas cartas anónimas sin ningún valor probatorio pudieran haber sido incluidas en el sumario. La investigación empezaba a ser cuestionada.

Algunas dudas sobre el rigor de la investigación ya habían sido puestas de manifiesto en meses anteriores, cuando se supo que la policía había gozado de demasiada mano abierta a la hora de pinchar teléfonos para hacer sus pesquisas. Los pinchazos llegaron tan lejos como a intervenir las conversaciones entre Ferro Rodrigues, líder del Partido Socialista, y Jorge Sampaio. Pero ahora se tenían otras noticias sospechosas: la acusación contra el humorista Herman Jose, por ejemplo, que lo sitúa en una determinada fecha visitando una casa de Elvas, uno de los domicilios donde los menores eran trasladados para ser sometidos a prácticas sexuales. Pues bien, en esa fecha parece probado que no se encontraba en Portugal. ¿Por qué los investigadores no comprobaron esa fecha con la agenda del imputado? A Pedroso le ha sucedido algo parecido, aunque sobre él pesan 23 acusaciones. Algunos de los testigos son jóvenes adolescentes involucrados en el consumo de drogas y en la prostitución. Los analistas se preguntan si pueden considerarse testigos fiables.

La "telenovela judicial", como se le ha denominado al caso dado el fervor que sienten los portugueses por este tipo de programas, no ha dejado de ofrecer nuevos capítulos a sus seguidores. El semanario Focus desvelaba que, en el transcurso de la investigación, la policía había mostrado a los testigos fotografías para la identificación de personajes de relevancia pública como el ex presidente Mario Soares, el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal José Policarpo, o el presidente del Congreso, João Mota Amaral. Se trataba de un método de investigación sin valor probatorio, pero el hecho en sí induce a una obsesión por involucrar a personalidades, cuyos apellidos pueden ahora aparecer por cualquier esquina del sumario. El caso ha llegado al punto de que algunos analistas se preguntan cómo es posible que todos los nombres de personalidades políticas aparecidas afecten casi en exclusiva al Partido Socialista. Público desmenuzaba cómo el caso llegó a manos del juez Rui Teixeira, un hombre joven que acude al juzgado en vaqueros y zapatillas deportivas, cuando el sorteo entre los juzgados lo había adjudicado a otro magistrado.

Las filtraciones y desmentidos están ahora a la orden del día en una espiral que no parece tener fin. Ya el fiscal general del Estado tuvo que salir al paso de las cartas anónimas aludiendo a su nulo valor probatorio, pero algunos editoriales se preguntaban por qué permitió que fueran incorporadas al sumario. Luego, los abogados del diputado Pedroso y del presentador Carlos Cruz tuvieron que negar que sus defendidos hubieran tratado de ocultar con cirugía estética algunos rasgos de su cuerpo para evitar ser identificados durante un examen médico al que fueron sometidos hace un mes.

El impacto que producen las informaciones que hacen alusión a un sumario tan extenso y con tanto alimento informativo ha llegado al propio Parlamento, donde esta semana algunos diputados han comenzado a sugerir si, aprovechando la reforma constitucional, no debería tenerse en cuenta la adopción de algunas limitaciones a la libertad de prensa para preservar el derecho al honor o el secreto de un sumario. Naturalmente, el sindicato de periodistas ha puesto la voz de alarma, así como algunos editoriales, caso del diario Público, donde su director, Jose Manuel Fernándes, alude a la famosa caza del mensajero: "Hay más de 13.000 folios de proceso, material suficiente para alimentar durante meses sucesivos casos. Hay muchas más cartas anónimas. Hay más decenas de nombres. Hay más fotografías que fueron mostradas a los testigos. Y, a lo que parece, hay muchas más señales de que fueron colocados en el proceso documentos inútiles, gratuitos o irrelevantes, cuya divulgación tanto puede lanzar barro sobre el nombre de muchos inocentes como puede acabar por destruir todo lo que resta de credibilidad a la investigación y a la acusación". "Si el problema está en el mensaje", concluye el editorial, "el mensajero no es un sujeto pasivo o amorfo. Si no, no es periodista. Tampoco es policía o juez. Y no debe estar amordazado salvo por sus principios éticos".

Portugal ha comenzado el año en medio del escándalo y con la sombra de la pederastia de nuevo sobre la opinión pública. Para remate, el jueves detenían a 12 implicados, entre ellos algunas figuras públicas y políticas, en otro sumario de pederastia abierto en una isla de las Azores.

El calendario es ahora implacable: hay dos meses prorrogables para que acabe el periodo de instrucción del asunto Casa Pia. Otros jueces pueden ahora echar al traste la acusación, mientras la opinión pública debate sobre la eficacia de su sistema judicial y la libertad de expresión. Y en el fondo, la sombra de un final sin castigo para un caso terrible: que una institución educativa pública como Casa Pia fue foco de actos criminales, que cientos de menores, huérfanos y disminuidos, los más indefensos de entre sus 4.500 escolares, fueron sometidos a abusos y trasladados para prácticas sexuales a diversos domicilios. Que esas prácticas se produjeron durante años. Y que altos funcionarios fueron cómplices o miraron para otro lado.